El gobierno y la oposición volvieron a cruzarse por la reforma penal. Ayer el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, criticó a los diputados del PJ que habían propuesto modificar el mecanismo de concursos para la designación de funcionarios judiciales. Los legisladores de la oposición quieren excluir de esos concursos a las personas que se hayan desempeñado, en los dos años previos, como funcionarios del Poder Ejecutivo. Lewis lo consideró como una “caza de brujas”.
Todo comenzó en la última sesión de la Legislatura, el jueves 8, cuando el diputado obeidista Mario Lacava –con el apoyo de los bloques que responden a Omar Perotti y María Eugenia Bielsa– ingresó un proyecto para modificar el artículo 15 de la ley 13.013 y el artículo 20 de la ley 13.014, que establecen el mecanismo de selección de fiscales y defensores para los nuevos órganos de la Justicia Penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa Penal.
El argumento de los diputados del PJ es que los mismos funcionarios que participaron de la elaboración del mecanismo de concursos no pueden postularse como fiscales o defensores porque correrían con ventaja respecto de los otros aspirantes. Para subsanar ese punto y evitar suspicacias políticas, Lacava propuso en su proyecto que se les impida participar a aquellas personas que hayan sido contratadas por el Ejecutivo en los dos años previos al concurso.
El ministro Lewis aclaró que el gobierno seguirá remitiendo pliegos a la Legislatura hasta completar el plantel de los dos nuevos organismos. “Defenderemos la designación de funcionarios judiciales por concurso”, sostuvo Lewis. Para poner en marcha la reforma se deben designar 100 nuevos funcionarios, entre fiscales y defensores (ver aparte). A pedido del PJ, que tiene mayoría en la Legislatura, el gobierno decidió remitir esos pliegos en tandas.
De ese total, 16 candidatos serán tratados en la próxima Asamblea Legislativa. La oposición puso la lupa sobre cuatro postulantes que cumplieron funciones en el Ejecutivo. Lewis contestó que esos nombres surgieron de un concurso integrado por un jurado de composición plural, que no estuvo presidido por el Poder Ejecutivo sino por las autoridades de las nuevas instituciones: el fiscal general Julio de Olazábal y el defensor provincial Gabriel Ganon.
La postura del PJ –que tiene como antecedente el rechazo al pliego de Enrique Font como auditor de fiscales, por haber sido funcionario del gobierno de Hermes Binner– motivó una dura respuesta del ministro de Justicia: “Ha surgido un clima de caza de brujas que nos llama la atención porque, de un centenar de cargos por ocupar, hay cuatro ex funcionarios del Ejecutivo que en su momento renunciaron a su puestos y luego ganaron el concurso con todas las de la ley, en entrevistas que están filmadas y que cualquiera puede consultar”.
Lewis aclaró que “se trata de personas no vinculadas a partidos políticos, que fueron convocadas en su momento por su capacidad técnica, mientras que otros ex funcionarios y empleados del Ministerio de Justicia y del gobierno concursaron y perdieron porque así lo consideró el jurado”.
El funcionario también entendió inconveniente la impugnación que recae sobre aquellos que han sido empleados de planta, sin cargos jerárquicos, y que incluso ingresaron por concurso antes de 2007.
Los tiempos de la reforma
El Ejecutivo pretendía poner en marcha en nuevo sistema penal a principios de 2013, pero las dilaciones en la Legislatura y en las nuevas reparticiones judiciales –el Servicio de Defensa aún no acordó el traspaso de personal con la Corte Suprema de Justicia, mientras que la Fiscalía todavía no presentó su estructura, dicen desde el Ejecutivo– le impedirán al gobierno de Antonio Bonfatti cumplir con esa meta.
Si todo avanza como lo tienen planificado en la Casa Gris, la reforma comenzará a regir el año que viene, aunque no en los primeros meses.
“En estos momentos hay distintos procesos en marcha”, explicó Lewis. “Unos avanzan más rápido y otros más lento. Uno de los procesos es el acuerdo parlamentario para los nuevos funcionarios judiciales; otro de los procesos en marcha son las negociaciones del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa con la Corte a los fines de que les transfieran los empleados; otro de los procesos es el concurso para los encargados de la Oficina de Gestión Judicial, que está llevando adelante la Corte”.
Según el ministro, la conformación de la Oficina de Gestión Judicial es “esencial para el nuevo sistema”. Lewis no quiso ponerle una fecha concreta a la reforma: “Cuando estén todas estas cosas encaminadas, creo que vamos a estar en condiciones de poner en plena vigencia el nuevo proceso penal en toda la provincia. No será en los primeros meses pero sí el año que viene, al paso que venimos”.
“En los últimos metros”
“Estamos en la etapa final de la reforma”, consideró el ministro. “Los tiempos se acortan; estamos en los últimos metros de una maratón y hay quienes empiezan a poner algún cuestionamiento a la plena entrada en vigencia del nuevo sistema. Ahora las críticas no son en oposición franca, como en otras épocas, sino que pasan por la desesperanza: sembrar este estado de incertidumbre respecto del nuevo código, algo que no le hace nada bien a este proceso”, opinó.
—¿Quiénes ponen palos en la rueda?
—Todos esos sectores que oponen argumentaciones pueriles a plena entrada en vigencia del código. En especial, argumentos del tipo “no hay plata para comprar aires acondicionados o para comprar autos”; un sistema de enjuiciamiento no puede depender de qué tan pintado esté el lugar. Las cosas necesarias para una transformación de esta envergadura pasan por otro lado.
