Desde la autogestiva Defensoría del Inquilino lanzaron un conjunto de propuestas para empezar a dar una solución a la dramática realidad que padecen muchos inquilinos y que la pandemia ha profundizado. Las mismas están dirigidas a las áreas de vivienda de los tres niveles del Estado.
Los aumentos desmesurados en los alquileres, el endeudamiento creciente, la rescisión anticipada de contratos por imposibilidad de seguir sosteniendo el alquiler, el incumplimiento de la nueva ley y el decreto 766 por parte de las inmobiliarias y propietarios, son algunas de las realidades recurrentes a las que se enfrentan los inquilinos de nuestro país.
En sentido presentaron ocho propuestas para empezar a solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda en alquiler: precios máximos en alquileres; pesificación del mercado inmobiliario; autoridad de aplicación y creación de un área de Alquileres en el Estado; extensión del Decreto 766 hasta julio de 2021; política de desendeudamiento; comisión inmobiliaria y sellado a cargo del propietario; tasa al inmueble ocioso y servicio público de alquiler para propietarios que quieran alquilar su inmueble a través del Estado.
“La realidad de los inquilinos es cada vez más crítica y hay una actitud muy irresponsable y expulsiva del mercado inmobiliario”, sostuvo Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino.
“En este marco de pandemia y crisis es inaceptable que los aumentos ronden el 80% y en algunos casos lleguen al 100%”, agregó.
“Es urgente pesificar y regular el mercado inmobiliario”, afirmó Artola. “Por eso, acercamos este conjunto de propuestas, es necesario una política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, para la vivienda en alquiler”, advirtió Artola.
“Lo venimos planteando, el derecho a la vivienda tiene que ser una prioridad en la agenda política”, concluyó el referente local.
