Alvaro Arellano
El gobierno nacional sigue con la firme premisa de que el déficit cero es “innegociable”, cueste lo que cueste y así lo reflejan los datos de febrero. Por segundo mes consecutivo lo recaudado estuvo por encima del gasto, pero no precisamente por un crecimiento en los ingresos, golpeados por el fuerte parate de la actividad económica, sino más bien por un brutal recorte en los gastos, que afecta a jubilados, obra pública y provincias.
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) los ingresos totales en febrero fueron de $5,5 billones, con una caída de 6,3% ajustado por inflación. Aunque hubo incrementos en la recaudación de los impuestos asociados al comercio exterior (retenciones +34%, derechos de importación +31%) principalmente debido al salto cambiario, éstos no alcanzaron a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad (aportes y contribuciones a la seguridad social -22%, débitos y créditos -2%, IVA interno).
Los datos exponen que el superávit entonces no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 36,4%. Éste es explicado por la caída de todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos. De cada $100 de ajuste en febrero, $35 corresponde a recortes en jubilaciones, siendo el principal motivo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron el 23,7% del ajuste total) y los subsidios económicos, principalmente energéticos (por la falta de transferencias a CAMMESA), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz.
Freno a la actividad y la recaudación
Lo sucedido en febrero no dista demasiado de lo que pasó el primer mes de este 2024, cuando se dio un brutal ajuste en el gasto público. Pero en este caso empieza a ser notoria la caída de ingresos a partir de la depresión del mercado interno, compensada por lo recaudado a través del comercio exterior. Por eso para este análisis es preciso distinguir dos conjuntos de tributos con comportamientos bien diferenciados.
Con una brutal licuación de jubilaciones, Milei logró el mayor ajuste del gasto público en 30 años
Un primer grupo incluye todos aquellos asociados al comercio exterior, que experimentaron un notable crecimiento real. Las retenciones aumentaron un 34%, los derechos de importación un 31%, y “resto tributarios” entre los que se destaca el impuesto PAIS, un 62%. Estos crecimientos se explican principalmente por el salto devaluatorio, a lo que se adicionan dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que la base de comparación (2023) es relativamente baja en retenciones por los efectos de la sequía; por otro lado, la ampliación y el aumento en la alícuota del impuesto PAIS.
Un segundo grupo abarca a los tributos asociados a la actividad, entre los que se destaca la caída del impuesto a los débitos y créditos (-2%) y de aportes y contribuciones a la seguridad social (-22%). En este conjunto también se incluye el IVA interno, cuya reducción fue compensada con el incremento del IVA aduanero, por lo que en suma el IVA experimentó un aumento en la recaudación de 9%. Esta dinámica de reducción en los ingresos por caída del gasto ya se ha observado en los años 90 y durante el gobierno de Macri, cuando se aplicaron modelos de ajuste que resultaron en una disminución de la recaudación, lo que a su vez llevó a la necesidad de realizar ajustes presupuestarios aún más profundos para mantener los niveles de equilibrio.
A la hora de analizar los egresos, el informe del Cepa evaluó que durante febrero, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $4.303.133 millones, marcando un incremento nominal del 139,3%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real del 36,4% una vez descontada la inflación.
La notable reducción en los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados, la falta de gestión por parte del nuevo gobierno y la decisión de no ejecutar el presupuesto. Todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa aquella relacionada con jubilaciones, que se desplomó 38%. Se destacan también la notable caída en las pensiones no contributivas (-43%) y en las transferencias corrientes a las provincias (-85%) y a las universidades (-25%).
De cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, refleja el fuerte impacto en los ingresos de los jubilados de la inflación desatada tras la asunción de Milei y la falta de medidas gubernamentales para compensar esta situación. Otra área afectada significativamente son los subsidios, donde se evidencian los efectos del retiro de los mismos en el sector transporte, tanto en AMBA como en el Fondo Compensador del Interior con su respectivo impacto en el precio del boleto, y mayormente en el sector energía, con el recorte de las transferencias a CAMMESA, la empresa distribuidora, que desató problemas en la cadena de pagos e introduce dudas sobre la sostenibilidad del ajuste.
Los gastos de capital destinados a la obra pública experimentan una reducción más que significativa, registrando una disminución real del 88%. Durante este mes, la ejecución de la obra pública fue nula debido a la falta de voluntad de gestión. Es importante destacar que todas las obras de infraestructura se vieron afectadas tanto en términos nominales como reales. La ausencia de inversión en programas de infraestructura fue tan pronunciada que no se observa un registro tan bajo en ningún otro mes desde febrero de 2017. Los gastos en programas sociales aportaron el 4,7% del ajuste, mientras que los gastos de funcionamiento (principalmente salarios) explican el 6,9% del ajuste, con caídas reales interanuales de 17 y 16% respectivamente. La menor caída en términos reales es la partida de gasto asociada a la AUH, que pese a haberse incrementado un 100% a principios de año, se redujo 6%.
Comentarios