Por la Nueva Mañana
Después de la rápida sanción en diciembre de la ley de emergencia, llamada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, tanto Diputados como el Senado entraron en el receso de verano que se estimaba más acotado por las urgencias del Gobierno de contar con leyes claves para su gestión y que lo llevaron a prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero.
Sin embargo, aún no hay fecha acordada entre las autoridades de las Cámaras y los jefes de bloques para volver a sesionar.
“Todo dependerá en principio del envío de los proyectos del Poder Ejecutivo al Congreso para establecer la agenda ampliada de trabajo” admitieron fuentes parlamentarias, a La Nueva Mañana.
No obstante, de las sucesivas reuniones que mantuvo este mes Alberto Fernández con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quienes se sumó esta semana el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se van develando los temas que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días.
En este sentido, la Cámara de Diputados volvió a postergar la sesión que tenía prevista para el próximo miércoles para convertir en ley el nuevo Consenso Fiscal firmado con las provincias que fue aprobado por el Senado en la última sesión de la Cámara alta.
La iniciativa que el Senado aprobó el 20 de diciembre pasado y que frena la rebaja de Ingresos Brutos y de impuestos distorsivos hasta el 31 de diciembre de este año, busca conseguir un alivio fiscal a todos los estados provinciales.
Entre otros impuestos que se modificaron están el de Sellos, los tributos sobre la nómina salarial, límites a Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal y de Bienes Personales.
Jubilaciones de privilegio
Otros dos temas específicos están definidos en el propio decreto de prórroga del período extraordinario para modificar la ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (N° 18.464) y la que establece el Régimen jubilatorio específico para el Personal del Servicio Exterior de la Nación (N° 22.731).
En medio de la polémica que se abrió en el Congreso por la exclusión de la suspensión de la movilidad jubilatoria para los regímenes especiales de jueces y embajadores cuando se aprobó la megaley de emergencia pública, el presidente decidió incluirlo para su tratamiento durante este período.
En el proyecto trabaja el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a equipos técnicos y economistas especialistas en la materia evaluando los mecanismos necesarios para poder limitar y eliminar regímenes de privilegios.
En el Gobierno aseguraron que “la decisión política” de implementar cambios “ya está tomada”, aunque expusieron que el alcance del proyecto se definirá en el ámbito de la comisión.
La idea del trabajo de la comisión, según la instrucción que dio el Presidente, es evitar juicios contra el Estado. Ese fue, precisamente, el argumento que dieron en el Gobierno para justificar por qué no se dio luz verde a que el Congreso limitara los regímenes especiales en el proyecto de Emergencia Económica. “Es un tema que requiere un análisis en profundidad para evitar cualquier perjuicio contra el Estado por una avalancha de juicios”, explicaron.
Otros temas en la agenda
El escaso tiempo que resta del periodo extraordinario atenta contra el apuro y los deseos del Poder Ejecutivo de incluir otros temas claves para su gestión y que el propio jefe de Estado pidió públicamente que se incorporen en estas sesiones, como la creación del Consejo Económico y Social, la constitución de un Consejo de Seguridad y la reforma de la Justicia.
El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, trabaja en el proyecto de ley para conformar el Consejo Económico y Social, que se encargará de “discutir cómo encarar el tema salarial y el tema precios”, explicaron a La Nueva Mañana fuentes de la secretaría.
El proyecto de ley propondrá la creación de “una entidad que tenga su propia autonomía”. La intención será que el Consejo “perdure a los gobiernos” y que “su presidente cuente con el acuerdo del Senado”, dijeron en la secretaría y agregaron que será enviado al Congreso “tan pronto como podamos”.
Para el cargo siempre suena con fuerza el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna.
Asimismo, crítico de las políticas macristas en materia de seguridad que impuso Patricia Bullrich, Alberto Fernández impulsa una reforma para que Seguridad deje de ser un ministerio y haya un Consejo de Estado de la Seguridad donde haya participación o control parlamentario.
El proyecto se trabaja bajo siete llaves y nada cuentan en la cartera que dirige Sabina Frederic pero admiten que podría llegar para el aval del Congreso antes que finalicen las sesiones extraordinarias.
No obstante, quienes ya trabajan con el tema dejaron trascender que apuntan a nuclear en ese Consejo a las distintas fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura) con un mando político, para que la regla de “mando y obediencia” se mantenga inalterable, más allá de alguna postura más progresista y que enfoque el asunto del combate al delito como una política de Estado. A la lista de proyectos para debatir se sumaría la reforma de Justicia.
