La Justicia federal de Lomas de Zamora se encamina a definir en los próximos días la situación procesal de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de ordenar y encubrir tareas de espionaje ilegal, mientras avanza la investigación en relación al rol que habría jugado la dirección de asuntos jurídicos en esas maniobras.
Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tienen previsto entregar en los primeros días de la semana su dictamen para que el juez federal Juan Pablo Auge pueda evaluar y definir la situación procesal de los ex jefes de la AFI y del ex director de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste, antes del 4 de agosto, fecha en la que vencen los diez días hábiles posteriores a la última indagatoria fijados por el código procesal penal como plazo ordenatorio.
Los fiscales ya tienen listo un borrador de lo que será su presentación definitiva pero aún no establecieron la fecha exacta de entrega porque el ritmo de las correcciones finales se vio alterado luego de que, días atrás, Incardona debió ser internada por haber contraído coronavirus y el resto de los integrantes de la fiscalía tuvieron que aislarse y trabajar desde sus domicilios.
Además, este sábado se conoció que el juez Auge también dio positivo en coronavirus, luego de presentar síntomas leves de la enfermedad, lo que también podría alterar los tiempos previstos para la toma decisiones en el expediente.
En simultáneo, los investigadores avanzan en el análisis del papel que el área de jurídicos de la AFI habría desempeñado en lo que fue el supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que varios de los indagados apuntaran miembros a esa dirección como protagonistas de las maniobras investigadas.
«El área de jurídicos reemplazó completamente todas las funciones del resto de la Agencia. Tenía la exclusividad de la relación con los juzgados federales o los juzgados en general, tenía áreas operativas, escuchas telefónicas, llevaban causas. Me refiero a que directamente ellos manejaban a quien le distribuyen la tarea», declaró un agente de carrera esta semana en el Congreso.
El director de Asuntos Jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos fue Juan Sebastián Destéfano, un hombre vinculado al ex presidente de Boca Daniel Angelici, que esta semana fue noticia por rechazar la citación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia que lo había convocado para el jueves pasado, en el marco de las actuaciones que lleva a cabo el Congreso en relación a las denuncias de espionaje ilegal.
En su carta de rechazo a la invitación, Destéfano dejó traslucir que sigue de cerca el expediente que tramita en la justicia de Lomas de Zamora y que intuye que en algún momento tendrá que responder en indagatoria: dijo que su abogado le había aconsejado que no se presentara al Congreso porque eso podía superponerse con la causa judicial y que declararía si era convocado por un magistrado.
El rechazo de Destéfano a comparecer ante el Congreso sin otra justificación que el consejo de su abogado no fue suficiente para evitarse un segundo llamado, por lo que este viernes fue convocado para este martes a las 14.30 bajo apercibimiento de ser denunciado si se ausenta sin un motivo atendible.
Otros agentes del sector de jurídicos quedaron bajo la lupa de la justicia a partir de las declaraciones ocurridas en los últimos días, entre los que se encuentra Bernardo Miguens, un ex empleado del juez Claudio Bonadio, que –según declaró una ex espía ante el Congreso– estuvo a cargo de coordinar la elaboración de los documentos que se presentaron ante la Justicia para tapar el espionaje ilegal ocurrido en 2018.
La investigación judicial también alcanzaría a Mariano Ruda Bart, quien fue señalado por una ex agente ante el Congreso como quien estaba a cargo del manejo de las escuchas e incluso lo vinculó a la filtración de diálogos telefónicos mantenidos desde el penal de Ezeiza por ex funcionarios kirchneristas que estaban allí detenidos cuando estalló el caso D´Alessio.
Las declaraciones de espías y ex espías en el Congreso –que luego son remitidas a la Justicia– son una herramienta cuyo valor judicial no termina de estar claro ni para los legisladores ni para los funcionarios judiciales pero, hasta ahora, funcionaron como una suerte de anticipo de lo que muchos de los testigos y los imputados después confesaron ante el juez y los fiscales.
En esta causa ya está procesado el ex espía Alan Ruiz, quien fue acusado de coordinar un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales.
La tareas consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural: en el caso de la ex presidenta, los agentes tenían la orden de informar si detectaban movimientos de bolsos en los inmuebles que frecuentaba, según surge del expediente.
Para los investigadores, además, Ruiz y otros imputados intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas que habían realizado y para ello «elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales».
En sus respectivos descargos, Arribas y Majdalani intentaron mostrarse ajenos a los hechos y negaron cualquier delito: la «ex señora 8» está sospechada de haber ordenado los operativos y el «ex señor 5», principalmente, de participar de su presunto encubrimiento.
