El Ciudadano
Este martes quedó integrado el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que la próxima semana definirá si acepta o desestima el pedido de jury para el juez rosarino Hernán Postma, bajo la lupa por haberle otorgado prisión domiciliaria a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, delincuente de alto perfil asesinado hace ocho meses mientras cumplía dicha medida cautelar en una vivienda de La Florida mientras, a la espera de ser llevado a juicio por tentativa de triple homicidio calificado. El procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, entendió que la resolución del magistrado no tuvo racionalidad por el tipo de delito atribuido a Sandoval. De tal manera ordenó que se abra el enjuiciamiento a Postma.
Hoy se conformó el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados. Lo integran los seis ministros de la Corte Suprema, un senador y un diputado provincial, y dos matriculados sorteados a propuesta de los cinco Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe. El procedimiento se abrirá la próxima semana, que en caso de ser aceptado implicará la suspensión de Postma y la retención del 50 por ciento de su salario.
Entre los legisladores que formarán parte del Tribunal de Enjuiciamiento estarán el senador sanlorencino Armando Traferri y el diputado Maximiliano Pullaro. Cuando la semana próxima se ponga en marcha el trámite, Barraguirre será convocado durante un plazo de diez días para formular la acusación. El tribunal tendrá 60 días para pronunciarse sobre si admite o no el inicio del jury contra Postma.
El procurador requirió la apertura de un juicio contra Postma por mal desempeño y falta de idoneidad técnica a raíz de haber autorizado la morigeración de prisión a los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval. Postma designó como abogado defensor a Gustavo Feldman y elevó un pedido al Tribunal de la Corte para que desestime el pedido de enjuiciamiento. Argumenta que los hechos por los cuales Barraguirre lo solicitó son insustentables. Afirma que no incurrió en causal de mal desempeño, por lo que entiende que de ninguna manera se podría justificar una acusación y menos una destitución.
Barraguirre recibió un informe elaborado por el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella, con el que formuló la acusación contra Postma. En dicho documento, Corbella refirió que Sandoval respondía por un delito que no permitía estar fuera de una prisión. Además se supo que el 16 de mayo de 2018, el juez bajo la lupa lo autorizó a Ema Pimpi a permanecer en un departamento de barrio Rucci tras un acuerdo entre el defensor Fausto Yrure y el fiscal Adrián Spelta, de otorgarle una restricción en ámbitos cerrados con control de pulsera electrónica que -según entendió Corbella- funcionó como una prisión domiciliaria encubierta.
Luego Postma autorizó por decreto, el 30 de abril de 2019, el traslado de Ema Pimpi a la casa de Pago Largo 654, en La Florida. Al presidir la apertura a juicio del caso, Postma sostuvo que Sandoval se encontraba en prisión preventiva domiciliaria, con lo que para Corbella dio por hecho que estaba en esa situación.
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