Apenas diez causas investigan el lavado de dinero en el país y sólo una en Santa Fe. Más del 70 % de los detenidos por narcotráfico están presos por tenencia en cárceles, ya atestadas de pibes pobres. La ley de narcomenudeo que impulsa el gobernador Miguel Lifschitz va a generar más asesinatos, más narcotráfico y más negocio para los nichos corruptos de la Policía. Si una geografía es el conjunto de características físicas y humanas de un territorio, estos datos conforman la Geografía narco 3 que el diputado Carlos del Frade dará a conocer este jueves a las 20 en Empleados de Comercio (Corrientes 450) con la presentación del libro Los Monos, narcomenudeo y control social. Lo acompañarán los concejales Celeste Lepratti y Pedro Salinas.
“Hay que estar atentos a lo que políticamente se investigue y no se investigue sobre lavado de dinero. En Santa Fe hay una sola causa, y en el país no suman más de diez. Me parece que eso da la pauta, junto con la ley de narcomenudeo, que va a crecer el narcotráfico y va a crecer la violencia”, dijo Del Frade. De esa manera el diputado del Frente Social y Popular (FSyP) criticó con firmeza el proyecto que busca que jueces y fiscales provinciales persigan delitos de competencia federal a través de sus eslabones más débiles, normativa que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.
Del Frade argumentó que su rechazo a la adhesión de Santa Fe se basa en la historia política de los últimos 13 años (con la ley 26.052), que además de aumentar el narcotráfico, la violencia y la población carcelaria con menores de 30 años de bajos recursos, generó el negocio oficial de la construcción de cárceles. De aprobarse en Santa Fe, agregó, también va a engordar las cajas negras de la Policía.
“El narcotráfico en la Argentina tiene la característica de ser narcopolicial. Lo que se va a votar es un negocio más para la policía corrupta que lamentablemente hoy maneja el narcotráfico en cualquier lugar de la provincia. Vamos a tener seguridad cuando las Fuerzas no sean corruptas”.
En ese sentido recordó que el debate que precedió a esa ley en 2005 fue por secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires: “Entonces la idea era que para aplacar eso que generaba un nicho corrupto de la fuerza bonaerense había que darle una caja mayor. La caja mayor fue el narcomenudeo”.
Para el diputado, los informes de la Procuraduría son contundentes: “Solamente el 2 % de los detenidos (que son más de 100 mil en 13 años de funcionamiento de la ley) tenía que ver con la venta de estupefacientes en pocas cantidades; la gran mayoría, más del 70 %, están vinculados a la tenencia, más para consumo que para la venta”.
Además, dijo que “al hablar tanto de inseguridad se incrementan los presupuestos y muchas veces, como se da en Santa Fe con la llamada emergencia en seguridad significa gastar la plata que sea, sin rendir cuentas en la Legislatura, y eso es gravísimo”.
Enemigo interno
Los relatos que presentan al narcotráfico como la principal amenaza de la sociedad argentina y la idea de combatirlo como una guerra interna son habituales en los discursos actuales de los gobiernos nacional y provincial. La semana pasada, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interna, lo que causó movilizaciones en todo el país y el inmediato repudio del FSyP, que expresó que “con el argumento del enemigo interno fue que la dictadura de Videla secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30 mil argentinos”.
Del Frade recordó que “apenas apareció el decreto 228 que el 21 de enero de 2016 firmó Gabriela Micheti (para declarar emergencia nacional en seguridad), dijimos que ésa era la puerta de acceso para abrir la posibilidad de la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna, tal como pasó en Colombia en 2002, en México en 2007 y en Brasil en 2014. Eso se vio corroborado en estos días de julio”.
Según el diputado, “la lógica es la que imponía el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que enancados en el combate a los supuestamente nuevos desafíos del terrorismo y el narcotráfico iban a generar esta fenomenal herramienta de control social en un contexto en el que la violencia y el narcotráfico se han recrudecido justamente en las provincias que vienen aplicando desde hace 13 años la ley de narcomenudeo”.
Para Del Frade, “la respuesta al narcotráfico no pasa por ahí. Estamos convencidos que vamos a tener más seguridad cuando haya justicia social y también Justicia. Un servicio público de justicia más comprometido con lo que realmente ocurre, que son grandes negocios detrás de la inseguridad, el contrabando de armas, el narcotráfico y la trata de personas. Son negocios de arriba hacia abajo”.
La pata policial
Las hipótesis sobre las balaceras frente a domicilios donde viven o habían vivido jueces y fiscales que investigaron a Los Monos no fueron iguales. Mientras que en voz baja se menciona que detrás está el clan Cantero, Del Frade pidió que se investigue “la pata policial”. Según su análisis hay “nichos corruptos de la Policía que se han sentido molestos y por eso actúan bajo el paraguas de lo que suponen que hoy es una construcción cultural de que todo lo malo en Rosario, es de Los Monos”.
De acuerdo a su hipótesis, el segundo atentado contra una casa donde el juez Manfrín había vivido hacía 14 años demuestra que ese dato sólo podía tenerlo poca gente. “No creo que Guille Cantero esté cargando datos sobre sus potenciales enemigos en una computadora. Eso me parece que tiene que ver con nichos corruptos de la Policía”.
El diputado dijo que dispararon a propósito en un ex domicilio del funcionario, “para que quede claro que ese dato no sale de la calle, no sale de la guía telefónica, no sale de internet”.
