Aunque a Antonio Bonfatti le tocó bailar con la más fea, él pone mucho empeño, hace tripa corazón y se convence de que entre tener una cámara legislativa en contra como ahora, y tener dos a partir de diciembre no hay diferencia. “Va a haber que hablar mucho, mucho”, insiste.
Mientras Hermes Binner camina el país como candidato presidencial, su condición de gobernador electo tiene a Bonfatti en todos los detalles, más de lo acostumbrado. De su futuro gabinete habla en términos conceptuales y no accede al subibaja de nombres, pero es evidente que lo dibujará según la matriz binnerista.
Si bien en campaña dijo que su gabinete sería más amplio que el actual, aclara que no se trata de un reparto de espacios entre partidos, mensaje que parece dirigido a los socios radicales.
Recuerda –y evidencia que es eso lo que tiene en la cabeza–, que en el actual gabinete “sólo son socialistas dos o tres ministros y el resto es gente que durante años estuvo dedicando tiempo y esfuerzo para estudiar los temas y formando equipos en el Cemupro”, repite.
Ahora, en medio de la campaña presidencial y con la necesidad de ganar en Santa Fe el 23 de octubre, tendrá que lidiar con un plan de lucha docente en medio de la campaña nacional.
Ese plan de lucha parte de una realidad: docentes que rondan los 50 años y están al frente del aula desmotivados y desgastados a la sola espera de cumplir la edad mínima. Los docentes públicos y privados, que van al paro el jueves, creen que esa realidad se aborda permitiendo que el que se quiera ir pueda hacerlo si tiene los años de aportes necesarios. En resumen, una reforma que compense edad con años de aportes.
Desde el año pasado un proyecto que iba en ese sentido, presentado por el diputado kirchnerista Luis Rubeo, estaba a estudio en la Legislatura. Desde febrero el tema se empezó a tratar en el marco de la paritaria docente, un ámbito inusual ya que ningún gobierno le había permitido a los docentes santafesinos ejercer ese derecho. La actual administración, que no acuerda con la reforma, estiró los tiempos, pero el tema no se diluyó como quizás imaginó. Ahora estalló en forma de paro docente.
El gobierno cree que bajar la edad jubilatoria es la peor solución, tanto por cuestiones técnico-económicas como mensaje a los trabajadores. Si se le baja la edad a un sector, ¿por qué no a los otros?, preguntan.
De hecho los diputados de UPCN ya sumaron al proyecto de Rubeo una larga lista de empleados públicos que, por las características de sus tareas, sostienen, enfrentan “un importante desgaste psíquico y merecen el mismo beneficio”. Desde porteros hasta asistentes de niños en conflicto con la ley penal, pasando por personal que trabaja con menores en conflicto con la ley penal, en hospitales o geriátricos.
Sistemas previsionales en debate
Los gremios docentes utilizan un argumento peliagudo. Repiten que su sector, uno de los 19 que son parte de la Caja de Jubilaciones, “es superavitario”. Según el gobierno esa relación activo-pasivo entre los maestros está próxima a desaparecer. Al margen de ese dato, argumentar en términos de superávit sectorial contradice el espíritu solidario del sistema previsional. ¿Qué tendría que hacerse entonces con los agentes de seguridad, que pertenecen a un sector que por definición es deficitario para la Caja? Estarían condenados a una jubilación mínima que no contemple que trabajan en un área crítica donde arriesgan la vida. Y así el resto de los sectores que tienen una relación activo-pasivo negativa, que son la mayoría.
De todos modos el reclamo de los docentes trae a Santa Fe un debate muy actual en el mundo: como dice el economista Sergio Arelovich, ya no es posible pensar que los recursos que genera el propio sistema previsional alcanzan para financiarlo.
En Santa Fe esto ya ocurre: a fin de 2011 el Tesoro provincial habrá girado 88 millones a la Caja. Si se aprueba la reforma que impulsan Amsafé y Sadop pasaría a más de 250 millones según cálculos oficiales, a pesar de que los gremios lo niegan. Esto necesariamente abre el debate sobre la problemática de los docentes de más antigüedad a otros sectores de la sociedad, ya que deberá recurrirse a nuevas fuentes de financiamiento o, de lo contrario, resignar a otras áreas o proyectos del Estado provincial.
