CEPA / Centro de Economía Política Argentina
El Programa Precios Cuidados tiene origen en el año 2014 como una política pública que consistía en un acuerdo de precios de alimentos con revisión periódica (tanto frescos como procesados), limpieza del hogar, perfumería, aseo personal y que se extendió hasta otros productos como motos, insumos de construcción y abonos de telefonía celular. El Estado se hacía cargo de la difusión, la propaganda y la negociación con otros integrantes de la cadena, lo que resultó especialmente beneficioso para las empresas más pequeñas.
El Programa Precios Cuidados se encuadró el contexto de la devaluación del peso en el año 2014. Y tiene sentido en una economía oligopolizada, compuesta por empresas extranjeras con márgenes dolarizados. Aunque fue presentado desde los grandes medios de comunicación con una finalidad puramente antiinflacionaria, sus objetivos originarios estaban relacionados con la regulación de mercados oligopólicos y pueden resumirse en tres puntos:
Establecer precios de referencia, para lo que se cubría una amplia gama de productos. Un punto fundamental era que la canasta ofrecida sea lo más heterogénea posible, incluyendo tanto productos de primera como de segunda línea.
Arbitrar en la distribución del excedente entre proveedores, productores, distribuidores y consumidores en el marco de mercados altamente concentrados. El Programa consistía en un acuerdo voluntario de precios donde se incluía en el análisis todos los eslabones de la cadena de valor. Desde los proveedores de insumos hasta la distribución en supermercados y comercios de proximidad.
Propiciar la diversificación de proveedores y productores con el objetivo disminuir la concentración y favorecer la competencia. La participación en el acuerdo brindaba una gran ventaja para las pequeñas empresas: aseguraba la llegada a los grandes canales de comercialización en el marco del Programa y las negociaciones con los grandes supermercados se delegaban en la Secretaría de Comercio, compensando una relación muy desigual.
En definitiva, el Programa de Precios Cuidados es una herramienta para distribuir de una manera más justa los márgenes de rentabilidad entre los diferentes sectores sociales y de la producción, además de cuidar el bolsillo de los consumidores. Constituye una política de defensa de la competencia para evitar apropiación de rentas extraordinarias y al mismo tiempo una política de defensa del consumidor.
Con el cambio de gestión gubernamental a fines de 2015, se produjo un rápido giro en la interpretación de las causas de la inflación y los efectos de la intervención del Estado en la economía. La política monetaria de altas tasas y absorción de pesos que llevó adelante el Banco Central fue el principal instrumento. En contraste, se dieron repetidos aumentos autorizados por el gobierno en servicios públicos como gas, electricidad, agua, transporte y en los combustibles, en contextos de pronunciada suba del dólar como sucedieron en diciembre de 2016, en la corrida abril-agosto de 2018 y más recientemente, los primeros meses de 2019. La mirada económica ortodoxa lejos se encuentra de identificar a la inflación como un fenómeno multicausal y de interacción entre variables tanto monetarias como reales. Tampoco se reconoce el rol que la puja por el excedente tiene en los procesos de espiralización inflacionaria, ni el rol de los empresarios en la formación de precios. Por el contrario, solo identifica al Estado como principal responsable de la sucesión de aumentos de precios producto de los elevados niveles de emisión monetaria causados por el financiamiento del déficit fiscal. Desde la ortodoxia económica, los controles o acuerdos de precios se consideran medidas intervencionistas obstructoras del libre funcionamiento del mercado, que en el mejor de los casos apenas llegan a ser un maquillaje inocuo y en el peor de los escenarios causan desabastecimiento y serias distorsiones de precios.
A contramano de su propio pensamiento económico con relación a las causas que originan la inflación, el gobierno se acogió a continuar con el Programa de Precios Cuidados, pero se vislumbraron importantes cambios en el funcionamiento, cumplimiento, publicidad y –en suma- la efectividad del Programa. Ya en los informes previos realizados desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se constataron una serie de hechos que afectaron sensiblemente el Programa. Por ejemplo, desde el lanzamiento de las canastas de Precios Cuidados de mayo y septiembre de 20172 se corroboraba la conformación de canastas sustancialmente distintas, con cerca de 100 productos menos, menos alimentos, menos variedad y definitivamente menor calidad. Además, se fue consolidando con las recurrentes renovaciones una comercialización acotada a grandes supermercados, dificultando el acceso a los consumidores del resto del país y de menores recursos, que suelen consumir en comercios de proximidad. Se observó, asimismo, una tendencia al reemplazo de productos líderes por productos con menor peso en el mercado, afectando el principal objetivo del Programa: acuerdos que oficien como precios de referencia. Precios Cuidados había dejado de ser un conjunto de bienes que servían de ancla para los precios, convirtiéndose en una canasta barata para sectores de bajos ingresos. La eliminación de la propaganda y los controles a cargo del Estado (con un deliberado vaciamiento de la Secretaria de Comercio y su personal experto en el rubro), constituyeron también una de las principales falencias, ya que limitaron fuertemente el alcance del Programa, afectando a consumidores (tienen poca información y orientan su consumo a otros productos publicitados fuera del Programa) y a las empresas (eliminando el principal incentivo a participar, el de la publicidad). Adicionalmente, en las últimas dos renovaciones de acuerdos hubieron “actualizaciones” de precios que apuntaron a compensar a las empresas por el efecto sobre precios y costos de la escapada del dólar.
