La delegación Argentina en Bolivia, compuesta por organizaciones sociales, políticas y sindicales que arribó al Altiplano para constatar la existencia de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de facto, expuso en un primer informe verificaciones de «numerosas torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores, así como la falta de investigaciones judiciales y la ausencia de atención sanitaria a la población». El grupo incluye el dirigente de la Ctep Juan Grabois y al rosarino Juan Monteverde, concejal por el espacio Ciudad Futura.
Fuentes de la delegación reportaron que «existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en la zona de Senkata, en El Alto (afueras de La Paz), como consecuencia del accionar represivo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y el posterior encubrimiento de los demás autoridades judiciales, policiales y administrativas». Las acusaciones se dirigen a las autoridades autodesignadas, cuya cabeza es la senadora Jeanine Añez.
Cuerpos de mujeres atacadas sexualmente en vida y luego de muertas
El informe de los argentinos señala que «numerosos testigos han denunciado torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores». Agrega que «entre los casos recepcionados, se han recolectado testimonios que refieren haber encontrado dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida, y luego de su muerte. Asimismo, existen testimonios que refieren haber visto cuerpos mutilados y desmembrados».
También da cuenta de «amenazas a los abogados particulares» de las víctimas, y que «las defensorías públicas no están cumpliendo su función con perseguidos penalmente por falsos delitos», y que «en particular hay tres niños y adolescentes con capacidades especiales que están detenidos ilegalmente».
Heridos tiene miedo de ir a los hospitales
En las primeras entrevistas con víctimas de la represión, una de las claves para aportar que se repitió en cada encuentro es la de visibilizar lo que está pasando, porque el bloqueo mediático es muy grande. En eso estamos, y seguiremos los próximos días.https://t.co/u1MmLVnZd4
— Juan Monteverde (@juanmonteverde) November 29, 2019
«Hasta el momento hemos relevado casos de heridos alojados en sus casas y frente al peligro de la detención y la no atención correspondiente en hospitales y clínicas están sobrellevando esta penosa situación con total desamparo».
«Además, en muchos casos se les ha negado la atención médica de emergencia en razón de su ideología política, en tanto fue sistemático el incendio de casas de dirigentes identificados con el MAS (Movimiento al Socialismo fundado por Evo Morales), y líderes políticos populares», sostienen.
«Visitamos también a la senadora del MAS por Chuquisaca, María Balboa, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace seis días hasta la aprobación de una ley que reafirma el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano», añaden en el texto.
El informe concluye con que «todo lo registrado hasta ahora refleja en profundidad que la actuación represiva y la violencia ejercida tiene su fundamento principal en el odio racista hacia el pueblo y naciones indígenas que integran el estado de Bolivia».
Las denuncias de la delegación argentina sobre la represión y el intento del gobierno de facto de que no se publiquen las violaciones a los derechos humanos tiene como un ejemplo de verificación lo ocurrido con la propia comitiva apenas arribó a territorio boliviano, momento en el que fue hostilizada y amenazada.
14 integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la Policía. Exigimos les dejen llegar a #LaPaz para realizar trabajo de investigación sobre DDHH. Dictadura fascista evidencia su autoritarismo pic.twitter.com/L6jzwfOvfu
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 29, 2019
