En julio de 2018, Delfín David Zacarías fue condenado a 16 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes y coautor de tráfico de productos para preparar estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas luego de que le secuestraran 300 kilos de cocaína. Si bien su sentencia no se encuentra firme, Zacarías, apodado el Rey de la Cocaína, está sometido al régimen penitenciario y se encuentra detenido en una cárcel federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El condenado sufre de asma y en el marco de las disposiciones ordenadas por el gobierno nacional ante la expansión pandemia por coronavirus su defensor hizo varios intentos – en Buenos Aires y en la Justicia Federal local– por lograr un arresto domiciliario, los cuales fueron rechazados. Si bien Zacarías «tiene una afección que lo incluye en la población de riesgo en el penal están dadas las condiciones de salubridad para que siga allí», especificaron los magistrados en sus resoluciones. El hombre, de 54 años, se encuentra a un año y medio de obtener salidas transitorias y a nueve años y medio de cumplir su condena.
La investigación en su contra se hizo pública en septiembre de 2013 con el Operativo Flipper. Entre varios domicilios que allanaron hubo un procedimiento en una casa de Funes donde incautaron 300 kilos de cocaína valuados en 60 millones de pesos. También secuestraron una importante cantidad de precursores químicos. Según la pesquisa, en ese lugar el clan delictivo transformaba la pasta base en clorhidrato de cocaína.
En julio de 2018, el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1), integrado por los magistrados Ricardo Moisés Vásquez –en la presidencia–, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider, condenó a Zacarías a 16 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes y coautor de tráfico de productos para preparar estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. También fueron condenados: su esposa a 14 años de prisión como coautora y sus hijos a 7 y 8 años de cárcel como partícipes necesarios.
En el grupo hubo otras 7 personas condenadas a penas que fueron entre los 6 y los 10 años de prisión, entre ellos dos miembros de las fuerzas de seguridad, uno de la Policía santafesina y el restante de la federal.
Zacarías cumple condena en una cárcel federal en la capital del país y la aparición de la pandemia del covid-19 llevó a su defensa a plantear habeas corpus en distintos juzgados federales. Lo hizo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26, jurisdicción dónde cumple la pena su cliente y en Rosario. En dos juzgados federales y en la Cámara Federal de Apelaciones. El pedido hizo eje en un cuadro de asma que sufre Zacarías. El abogado planteó que se encuentra dentro de los grupos de riesgo ante el contagio de coronavirus y pidió un arresto domiciliario, que fue denegado en todos los juzgados.
En el pedido, el defensor argumentó que Zacarías cuenta con una enfermedad respiratoria, asma severo, y es un paciente bajo corticoterapia por lo que lo consideró de alto riesgo. El Tribunal Oral Federal Nº 1 concluyó que si bien el condenado tiene una enfermedad que responde entre las consideradas grupos vulnerables, dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se creó una comisión para evaluar y establecer criterios únicos sobre medidas y acciones concretas en materia de seguridad penitenciaria para dar respuesta inmediata y precisa ante escenarios de crisis en el sistema federal. Además, el TOF 1 indicó que el «SPF cuenta con un protocolo de actuación para casos asociados a la pandemia y ha instrumentado un régimen especial para la seguridad de la salud de los internos».
En ese contexto, el personal penitenciario hizo un relevamiento de los internos clasificando a las personas con patologías comprendidas en esos grupos de riesgo en el que no está incluido Zacarías. Un informe pedido por la Justicia explicó que Zacarías tiene un antecedente de asma y en forma intermitente usa salbutamol. «Esta estable, compensado y no hay ningún caso sospechoso en la unidad penitenciaria», sostuvo el informe. A lo que sumaron que no usa corticoides por vía oral, diagnóstico que fue respaldado por la historia clínica, según contó la resolución.
El Tribunal argumentó que «las circunstancias de salud deben –además– analizarse en el contexto de la situación del condenado dentro de esta causa, especialmente en lo que concierne a la gravedad de los delitos por los cuales ha sido condenado, la importancia de la pena impuesta y la etapa de cumplimiento en la que se encuentra”.
Los magistrados también evaluaron que el informe del SPF no coincide con el planteo de la defensa. También consideró que el cuadro de salud no tiene la entidad necesaria para que cumpla la pena en forma domiciliaria y rechazó el pedido.
Mientras que los integrantes de la Cámara Federal destacaron la existencia de múltiples planteos en corto plazo y dijeron que no corresponde utilizar «el Habeas Corpus para sustituir, alterar o provocar un indebido contralor sobre las decisiones propias de los jueces naturales de cada causa», explicaron y dijeron que «las cuestiones atinentes al cumplimiento de la pena deben ser canalizadas ante el juez de ejecución penal teniendo la defensa los recursos para oponerse a las decisiones que tome el magistrado si las considera erróneas» y rechazaron el pedido.
