Durante 2019 declaró por primera vez en el marco de la megacausa Feced una experta en violencia de género. Majo Gerez fue convocada por la querella de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En Rosario se juzgan por primera vez delitos sexuales como delitos autónomos y de lesa humanidad. Se espera una sentencia ejemplar a fines de marzo.
Para Majo Gerez, nacida al calor de la recuperación democrática, declarar en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad significó una responsabilidad enorme. La Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo siempre fueron su norte. Declarar en nombre del feminismo significó una oportunidad.
La militante política fue convocada por la querella de la APDH para declarar como testigo experta en violencia de género en el primer juicio oral donde se investigan delitos sexuales en el marco de la megacausa Feced. Su declaración fue en mayo de 2019. Este mes se reanudaron las audiencias y se espera que haya una sentencia a fines de marzo.
Episodios
Feced es la causa más grande en relación con centros clandestinos de detención en Santa Fe. Se trata del juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario durante la última dictadura cívico militar. La causa lleva el nombre Agustín Feced, quien fuera comandante de Gendarmería Nacional y asumió el control de la policía local en esos años.
En Rosario son dos los casos de delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado que llegaron a juicio oral. Desde la querella insisten en que no se los considere una forma más de tormentos, sino delitos autónomos y de lesa humanidad. Stella Hernández y Adriana “Taty” Beade son las denunciantes.
Análisis
Gerez estudió con atención la declaración de las dos denunciantes y también sistematizó las investigaciones más importantes que hay. Así preparó su declaración que realizó el 22 de mayo de 2019. Sin embargo, fue convocada en 2016 cuando se estaba armando la causa. Por entonces era la secretaria de género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la querella valoró la posibilidad de que alguien que integrara un gremio desde un lugar de militancia feminista pudiera declarar teniendo en consideración que la mayoría de los detenidos-desaparecidos en Argentina fueron trabajadoras y trabajadores.
Por su nombre
Para Gerez lo central de su presentación fue poder atar las legislaciones vigentes sobre violencia contra las mujeres con los testimonios de Hernández y Beade. La referente habló de cómo en un principio los ataques sexuales eran concebidos cómo un ataque al pudor y que hoy la ley lo entiende como un ataque a la integridad. Lo resumió así: «Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Los cuerpos de las mujeres son siempre territorios de disputas donde se libran las guerras el poder y eso se vio muy marcado durante la dictadura. Una vez en democracia la Justicia seguía siendo muy patriarcal e incluso lo sigue siendo ahora. Le cuesta mucha escuchar y poner en valor la palabra de las mujeres y las identidades disidentes. El discurso feminista viene a ponerle nombre y además a validar y dar espalda a esas compañeras para que puedan resignificar y volver a revisar sus experiencias vitales en ese contexto de de tortura y de violencia extrema».
Gerez también destacó una parte de la declaración de Stella Hernández. «Ella misma habla de las condiciones de detención extremas, del horror y la vulnerabilidad. No es solo un ataque a la integridad física y sexual sino psicológica, de querer devastar cualquier resto de humanidad. Stella habla de cómo se gestó ahí esto que hoy le decimos sororidad. Habla de cómo sobrevivieron gracias a esos lazos que construyeron para sobrevivir y sostenerse en las condiciones más adversas», dijo.
Gerez reflexionó sobre las luchas feministas a nivel latinoamericano y cómo tanto en Bolivia como en Chile, donde las primeras denuncias ante el avasallamiento del Estado fueron de ataques sexuales. ««Un violador en tu camino» se volvió una consigna internacional. Sabemos que en momentos donde el Estado se desdibuja o muestra su fase más represiva sin escrúpulos las violencias sexuales hacia las mujeres crecen. Y no solo de parte de las fuerzas de seguridad que se sienten con más impunidad sino también por los varones de civil que se sienten legitimados en sus prácticas: se trata de una cuestión de poder y de diálogo entre pares de varones», expresa.
Al mismo tiempo, señaló que son violencias que durante mucho tiempo no fueron escuchadas y muchas veces hasta indecibles. “Sin embargo hoy son un poco la voz legítima y el grito común que permite denunciar y hacer visible en el mundo entero las prácticas represivas de los Estados. Es llamativo cómo se dio vuelta y eso tiene que ver con la potencia feminista: lo que en otro momento se ocultaba hoy es la bandera para denunciar las violaciones de derechos humanos que suceden en Latinoamérica. Estamos ante una oportunidad», concluyó Gerez.
Delitos
Entre las prácticas abusivas cometidas en el ex Servicio de Informaciones se encuentran las violaciones, los abusos sexuales reiterados, la desnudez forzada, las torturas con picanas en los genitales, los chistes obscenos, la obligación de los y las detenidas a realizar sus necesidades fisiológicas en el baño con las puertas abiertas y apuntadas por armas, ser manoseadas en las duchas y los interrogatorios de índole únicamente sexual.
Ana Oberlin es fiscal ad hoc en Feced y destaca un momento clave en el avance de la causa en relación a los delitos sexuales: En junio de 2018 el Tribunal aceptó el pedido de ampliación de la imputación que pesa sobre José Rubén Lofiego. Así se incluyó la denuncia por violación, diferenciada de otros tipos de tormentos.
Oberlin señala que fue un avance enorme porque en otras jurisdicciones no suelen aceptarse este tipo de planteos en la etapa de juicio oral. Para la fiscal ad hoc es importante hablar de sistematicidad cuando se refiere a los delitos sexuales. Y dice: «Fue una práctica extendida en todos los centros clandestinos de detención del país. No hay un caso donde no haya ocurrido violencia por medios sexuales. Quienes sufrieron estos hechos en especial son mujeres. También hay algunos varones, pero fueron feminizados por ese castigo. Fue una manera de femeneizarlos en el marco del modelo cis hetero patriarcal que imponía la dictadura. Para degradarlos o maltratarlos».
Oberlin plantea que no considerar estos delitos como autónomos es volver a invisibilizar lo que ocurrió. Ella explica: “Tienen una connotación social diferente a las torturas y eso explica por qué a muchas mujeres les llevó años y hasta décadas poder contarlo. Son delitos que por cómo son considerados y abordados en una sociedad cis hetero patriarcal como la nuestra generan en quienes los sufrieron vergüenza, culpa, temor. Es muy difícil exponer lo que vivieron. Trabajamos un concepto que es el tiempo lógico, no cronológico. Cuando una sucesión de hechos permite que aparezcan determinadas cosas, que no tiene que ver con el tiempo cronológico y sin dudas la irrupción tan masiva del movimiento de mujeres en Argentina y los feminismos tienen que ver. Habilitaron que muchas de estas cuestiones que estaban silenciadas».
Tanto Oberlin como Gerez hablan del castigo que ejercían los militares y sus colaboradores sobre las mujeres detenidas por romper con los mandatos establecidos para la época. Eran mujeres militantes, estudiantes, trabajadoras, que se corrían de las tareas del hogar para encontrar otros sentidos de vida.
Primero
En 2010 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió un falló donde condenó a prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina. Fue la primera vez que se condenó en Argentina la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. En Feced hay solo dos imputados por delitos sexuales pero se espera que en las próximas elevaciones haya más, ya que a partir de los testimonios surgen señaladas otras personas que cometían abusos y violaciones en el ex SI.
Casos rosarinos
Stella Hernández –actual dirigente del Sindicato de Prensa Rosario (SPR)– fue secuestrada en enero de 1977. Tenía 19 años y estuvo detenida seis meses. En 1984, apenas recuperada la democracia, hizo una denuncia por violación que no fue tenida en cuenta. En la primera elevación a juicio de Feced en 2010 volvió a incluirlo en su declaración. Fue de nuevo desestimada porque no había nadie imputado por el hecho. Recién en Feced III logró que Mario Alfredo Marcote, alias “Cura”, fuera imputado.
“Cura” fue señalado en varios testimonios como el violador serial del Servicio de Informaciones.
Más
Adriana “Taty” Beade denunció tres violaciones. Dos fueron mediante el coito tradicional y fueron consideradas así por el tribunal. Sin embargo, la tercera –perpetrada por Lo Fiego– fue considerada como un tipo de tormento.
En la megacausa están imputados Eduardo Ugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. La lista la completan Daniel González, Carlos Ulpiano Altamirano y el sacerdote Eugenio Zitelli, aunque ya murieron.
Los delitos incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios, todos en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben. La megacausa incluye 155 violaciones a los derechos humanos.
