Maby Sosa / Tiempo Argentino (www.tiempoar.com.ar)
Un grupo de organizaciones de derechos humanos encabezadas por el abogado Juan Carlos Capurro, integrante del Comité de Acción Jurídica de la Federación de Derechos Humanos presentó una querella penal contra los 38 miembros del Senado que votaron a favor de mantener el aborto clandestino.
La iniciativa surgió de las conversaciones que surgieron entre los abogados que forman parte del CAJ (Comité de Acción Jurídica), preocupados por la decisión que se tomó en el Senado de la Nación el pasado 8 de agosto que decidió rechazar la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. La presentación es un pedido de imputación por el delito de abandono de persona.
La preocupación se acentuó aún más cuando luego del rechazo murieron dos mujeres por aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires.
“Avizoramos que era un tema grave en el movimiento de mujeres, sobre todo en las mujeres de bajos recursos, pobres que son las que mueren. Tratamos de ver qué podíamos aportar”, cuenta Capurro. “El problema era que quienes son garantes de la vida de la salud de quienes habitan este país, dieron la espalda a un problema grave. Me pareció que esto no podía quedar como algo normal. No es normal que estemos todavía con categorías de la Edad Media”, agrega.
En la búsqueda de ese aporte, junto a la Asociación de Abogados Laboralistas, Nora Cortiñas e integrantes del Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia descubrieron una figura en el Código Penal: el artículo 106 que condena al abandono de persona. Por sorteo, la presentación quedó en manos de Claudio Bonadio, es él quien deberá decidir cómo continúa esta denuncia.
“La ciencia ha demostrado que un embrión no es una persona, por lo tanto justificarlos anticientíficamente, es decir contraponiéndose al avance que la humanidad ya ha demostrado, es una categoría que escapa al momento histórico que vivimos. Es pretender poner la máquina del tiempo en la edad media e instalarla en nuestra sociedad”, explica el abogado. “Consideramos que toda persona puede tener las creencias que le parezca y el punto de vista que le parezca, pero cuando uno es legislador tiene que anteponer a sus creencias el bien común. Y el bien común es que las mujeres no pueden seguir muriendo por abortos clandestinos”, condena Capurro.
—¿En qué basaron la presentación?
—En que los senadores no propusieron nada para que la situación sea otra. Con toda la evidencia que tuvo en el Congreso el tratamiento del tema durante meses, pudiendo comprobar que científicamente no había ningún inconveniente para sacar la ley y que, además, había un problema social enorme que era la muerte de jóvenes mujeres sistemáticamente por la clandestinidad. Sin embargo, con toda esa prueba científica y con media sanción del Congreso, un grupo de personas reducido decidió que a ellos les parecía que había que seguir con el aborto clandestino.
—¿Cuál es la figura legal?
—Es lo que el artículo 106 del Código Penal sanciona como abandono de persona seguido de muerte. Es un delito, es decir, que sabiendo las consecuencias que tiene algo para la vida o la salud de las personas no se hizo nada para evitarlo. Y cuando digo nada es nada, porque no ofrecieron ninguna alternativa. Es decir, se opusieron al clamor de la sociedad, a dos millones o más de personas en las calles, a media sanción de Diputados, es decir la mitad del Congreso a favor de la ley, y sin embargo un puñado de personas decidió mantenerse en la Edad Media y considerar que eso no podía pasar. Eso es estar en contra la sociedad y a favor de que sigan muriendo mujeres. Sin que la persona sea ayudada porque ellos no brindan la ayuda. Si vos hacés eso, es abandono de persona. Los legisladores tienen que asumir esa responsabilidad e ir a la Justicia y explicar por qué tomaron esa decisión y responder por esa conducta.
—¿Cómo se aplica de un Poder a otro?
—En este caso no chocan los poderes. El Poder Judicial no interviene sobre el problema legislativo desde el punto de vista del derecho. Está establecido que el abandono de persona se configura aun cuando haya provenido de un hecho lícito. Es decir que una persona puede haber hecho algo porque legalmente correspondía que lo haga pero si abandonó a la persona por su conducta y esa persona muere tiene que responder ante la Justicia. No es un problema de contradicción entre poderes, sino que siendo lícito su conducta acarreó un delito. Entonces, el Poder Judicial puede analizarlo como lo hizo en muchos otros casos el doctor Claudio Bonadio, y nadie mencionó que eso sea una colisión de poderes. Con su criterio debería en este caso aplicarlo, si fuese congruente respecto de este aspecto, que es más grave todavía porque en este caso hay muertes de mujeres por no haber sacado una ley que evitaba esas muertes y sin dar alternativas para que las muertes se sigan produciendo.
—¿Cómo se realiza la presentación para garantizar su viabilidad?
—De la misma manera que en su momento hicimos su presentación por la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El Comité de Acción Jurídica junto a la Federación de Derechos Humanos se presentó en los Juicios de la Verdad en La Plata exigiendo que no solamente debían testificar la verdad, sino que también debía declararse la nulidad de las leyes. En ese momento parecía lejano el hecho y teníamos en contra una norma de excepción que lo impedía. En estas materias quienes luchamos por los derechos humanos tenemos que hacer lo que es necesario. Y debido a la extraordinaria movilización de la juventud de todo el pueblo argentino, estamos convencidos de que esto se va a abrir paso como corresponde.
—¿Qué te produjo enterarte de las muertes de estas dos mujeres?
—Indignación, como toda persona que tenga alma en este territorio. No puede ser que una mujer joven con hijos con todo un porvenir por delante muera por la decisión de un puñado minúsculo de personas que quieren aferrarse a planteos anticientíficos y que son de la Edad Media. Nosotros estamos en el siglo XXI, la mayoría de los países civilizados tiene una ley que garantiza este derecho. Esta es una lucha que tenemos que seguir porque está el futuro de nuestros nietos y de nuestros hijos.
—¿Qué implica que la causa haya quedado en manos de Bonadio?
—Es lo que nos dijeron, que correspondía por concurso. Si él como juez aplica el criterio que aplicó hasta ahora tiene que darle curso a la querella, así como le dio curso a las anteriores con otros legisladores. Si no, sería una vara distinta para uno y para otro.
