«El cuadro era crítico, era severo, el hombre tenía 93 años y el médico neurocirujano Dante Converti recomendó como método paliativo y humanitario, y prescribió la realización de un tratamiento con ibuprofeno inhalado y dióxido de cloro», detalló.
El fallo que autorizó esa práctica generó rechazo en la comunidad médica, y fue calificado como «mala praxis judicial» por el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, en diálogo con Télam.
Maglio consideró un despropósito «que un juez pueda dar una resolución basado en una sola receta, sin haber pedido una prueba de oficio a otros organismos o bien a la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)» y calificó el pedido del profesional de la salud como «una aberración técnica médica».
Por su parte, Sarubbi relató que un socio suyo, «el doctor Buranello, articuló un recurso de amparo en el fuero Civil, Comercial y Federal N° 7, en el que el juez subrogante Javier Pico Terrero autorizó la práctica médica y a pesar de la manda judicial, el sanatorio Otamendi se negó a realizar la práctica, por lo que amplió el recurso para autorizar al Dr. Converti a realizar la práctica médica».
«Una vez que se hizo, el cuadro del paciente evolucionó muy favorablemente, comenzó a saturar normalmente y la expectoración mejoró notablemente, finalmente falleció no a causa de Covid, sino por una infección inhospitalaria», dijo el abogado, aunque las autoridades del Otamendi no se manifestaron al respecto.
En ese sentido, Sarubbi ratificó que «le colocaron la sustancia, lo hizo el doctor Converti y a partir de ello, evolucionó favorablemente en muy corto tiempo».
A inicios de agosto pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó no consumir medicamentos no autorizados, cuando abundaban en redes sociales e incluso en programas de televisión mensajes favorables al uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus.
«Se recuerda que el producto mencionado (dióxido de cloro) no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso», dijo entonces la Amnat en un comunicado.
Al respecto, Sarubbi señaló que «las autoridades sanitarias nacionales no autorizan ni desautorizan la realización de este tratamiento» y dijo que «la Anmat establece en la resolución 4616/19 un mecanismo de excepción para tratamientos paliativos, que es un trámite administrativo que no se pudo realizar por la gravedad del cuadro» del paciente fallecido.
«Por eso se acudió a la justicia y el juez lo autorizó por estrictas razones de humanidad y atendiendo el derechos a la salud», añadió.
El letrado insistió en que «las responsabilidades las tendrá que determinar la justicia, si murió o no por el dióxido, yo no tengo posición de antemano y no descarto nada, lo que se es que no habría fallecido a causa del tratamiento, si no por una infección intrahospitalaria».
Murió el paciente con coronavirus que recibió dióxido de cloro por orden de un juez
