El procurador general interino, Ricardo Casal, fue denunciado por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y obstrucción de la Justicia por no colaborar para que el fiscal Carlos Stornelli se presente a indagatoria y la causa quedó en manos del juez Claudio Bonadío. Las críticas ya habían sido hechas y este martes se actualizaron: es por demás improbable que todas las causas en las que el gobierno de Mauricio Macri tiene intereses políticos recaigan en manos de un mismo magistrado. Un informe de El Destape Web reveló la fragilidad del sistema de adjudicación de causas.
La denuncia contra Casal fue presentada este martes por el abogado Fernando Míguez y la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. En el escrito se plantea que Casal estaría ayudando a Stornelli a no cumplir con la orden de comparecencia ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que ya lo citó cuatro veces a declarar en la causa que investiga una red de espionaje ilegal en la que aparece muy comprometido.
Stornelli fue declarado en rebeldía y Casal –a pedido de Ramos Padilla– lo intimó para que se pusiera a disposición de la Justicia, pero siendo el jefe de todos los fiscales no aplicó ninguna sanción.
Puntualmente, la denuncia de Míguez contra Casal es por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y obstrucción de la Justicia.
Se trata de la tercera demanda penal presentada por Míguez como correlato de la causa que impulsa el juez federal de Dolores. En los tres casos, las causas cayeron en el Juzgado Federal N° 11, a cargo de Claudio Bonadio.
De allí las críticas. Bonadío tiene en sus manos, además, nueve de las diez causas que apuntan contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace unos días, a pedido del periodista Horacio Verbitsky, el matemático Adrián Paenza realizó un cálculo: las probabilidades de que esto ocurra, cuando las causas que ingresan a Comodoro Py se distribuyen entre 12 jueces federales, es de dos entre mil millones.
La crítica central es que, cada vez que ingresa una causa en las que el gobierno de Cambiemos puede tener intereses políticos, las investigaciones quedan en manos de Bonadio.
El modo en el que el sistema de gestión judicial adjudica las causas a uno u otro juzgado fue el eje de un informe publicado por El Destape Web. De acuerdo con el portal, un informe reservado de la Auditoría General de la Nación (AGN) al que tuvieron acceso revela que el sorteo de las causas no tiene controles y puede ser manipulado para que determinadas causas queden “en manos de jueces y fiscales serviciales”.
Este informe reservado nace de un convenio entre el Consejo de la Magistratura y la AGN que fue rubricado el 20 de diciembre de 2016. El objetivo fue un “Análisis del Sistema de Gestión Judicial, con especial hincapié en el procedimiento de sorteo de causas”.
La AGN evaluó dos cuestiones: el sistema de gestión judicial en general y cómo se realiza el sorteo de causas. Ambas instancias dejaron al descubierto la vulnerabilidad del sistema y cómo es posible manipularlo sin dejar rastro. El informe da cuenta de la discrecionalidad con la que operan los administradores del sistema de asignación de causas judiciales. “El perfil administrador de oficina de asignación se encuentra habilitado a realizar acciones sensibles (como inhibir una serie de juzgados a la hora de realizar el sorteo, o reasignar una causa a otro juzgado, entre otras posibilidades), sin que el sistema le exija asentar adecuadamente la aprobación de instancias superiores”, cita El Destape del documento.
En el informe, la AGN asegura que “se pudo comprobar que el módulo de asignación de causas cuenta con una serie de funcionalidades sensibles en el sentido de que su utilización inapropiada puede sesgar el resultado de una asignación”.
Bidone y D`Alessio
El suspendido fiscal de Mercedes, Juan Bidone, dijo que compartió información sobre investigaciones a su cargo con el operador judicial Marcelo D´Alessio porque creía que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Eso surge de la declaración que dio ante el fiscal federal de Dolores, Juan Curi, por más de seis horas el lunes pasado y tras lo cual se generó un cuarto intermedio hasta hoy. Luego, Curi evaluará si lo acepta como arrepentido. De hacerlo, el acuerdo debe ser homologado por el juez Alejo Ramos Padilla. Bidone justificó que el entonces integrante de la AFI Rolando Barreiro, imputado y detenido, le había presentado a D´Alessio. Además, reconoció que compartió información sobre movimientos migratorios.
Prefecto detenido
El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó la detención del oficial de Prefectura Naval Marcos Antonio Luffi, acusado de suministrar al falso abogado Marcelo D’Alessio información que luego era utilizada para las actividades de supuesta extorsión y espionaje. Luffi apareció mencionado reiteradamente en el informe que elaboró la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la documentación secuestrada en la casa de D’Alessio, en el primer allanamiento. Según fuentes judiciales Luffi fue detenido anteanoche en dependencias de la propia Prefectura. La orden de arresto fue firmada tras un puntilloso trabajo de identificación del usuario con el cual se obtenía información sensible de organismos crediticios y estatales, como por ejemplo la Ansés.
