La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual legislador Luis Petri, en medio de la delicada situación que atraviesa el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La presentación quedó radicada en la Justicia Federal y apunta a una serie de presuntas irregularidades en la administración del organismo.
El escrito judicial solicita investigar posibles delitos como administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona. La denuncia también alcanza a quienes hayan tenido responsabilidades en la gestión del sistema sanitario.
El eje central del planteo es el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), uno de los sistemas de cobertura médica más grandes del país, con alrededor de 650.000 afiliados entre personal militar, civiles, retirados, pensionados y sus familias. Según la presentación, durante la gestión de Petri el organismo habría pasado de un escenario de superávit y reservas a una situación de endeudamiento creciente y crisis estructural.
De acuerdo al documento, ese deterioro financiero tuvo impacto directo en la atención médica. Se registraron cortes de prestaciones, suspensión de servicios por parte de prestadores, demoras en pagos y reintegros, rescisión de convenios en distintas regiones y falta de medicamentos clave como insulina y tratamientos oncológicos.
En ese sentido, la legisladora advirtió sobre la gravedad del cuadro sanitario. “La interrupción de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”, sostiene el escrito. Incluso se mencionan casos donde la discontinuidad en la atención habría derivado en agravamiento de enfermedades y consecuencias irreversibles.
Otro de los puntos bajo la lupa es un préstamo cercano a los 40.000 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera. Según la denuncia, esos fondos estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos, aunque no hay claridad sobre su aplicación concreta, en un contexto de desabastecimiento generalizado y colapso de prestaciones.
Además, el planteo judicial menciona la existencia de contratos de gran magnitud con droguerías y proveedores privados. Allí se advierten inconsistencias entre los montos comprometidos y la falta de medicamentos, lo que alimenta sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos.
La denuncia también señala dificultades para acceder a documentación clave durante instancias de investigación, lo que genera dudas sobre el manejo de la información y eventuales obstáculos en el acceso a datos sensibles.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia se incluyen informes financieros completos del organismo, detalle de deudas con prestadores, contratos con proveedores, documentación vinculada al préstamo del IAF y la citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales para avanzar en la investigación.
Fuente: DataClave
