La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, le solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, auditar el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados a raíz de una serie de denuncias de al menos tres víctimas que dieron cuenta que un hombre que debía cuidarlas cometió irregularidades, abusos y coacciones.
Para el fiscal, es preponderante determinar si el caso del agente denunciado es un caso singular o si, por el contrario, “estamos frente a una falencia endémica en el sistema de designación de recursos humanos en posiciones de especial sensibilidad como las que se encuentran previstas para esa oficina”.
En esa línea, el juez Rodríguez solicitó un paquete de medidas entre las que se encuentran el inicio de un sumario administrativo a los fines deslindar la responsabilidad del agente en relación a los hechos denunciados penalmente, enmarcados en presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso sexual agravado mediante coacción por relaciones de dependencia o superioridad, según publicó el sitio web Fiscales.gob.ar.
Según el dictamen de la PIA, las actuaciones administrativas se originaron a raíz de una nota periodística publicada en 2014 en el diario Clarín, en la que se refería que una mujer que había declarado en el marco de un caso de trata y explotación de personas y que debía ser protegida por dicho programa, había sufrido acoso por parte de un operador.
La testigo manifestó en esa oportunidad descontento, disconformidad y temor respecto del hombre. Realizó la denuncia y, como consecuencia, el agente fue desafectado. El 10 de agosto de 2015, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán –que intervenía en el proceso– dispuso, a pedido del Programa, el cese de la protección de la víctima.
Finalmente, en 2017, el director del Programa solicitó una investigación interna con motivos de los hechos denunciados.
En paralelo, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, le envió en abril de este año un oficio a la PIA, en la que le hizo saber acerca de dos denuncias más de víctimas del delito de trata que habían denunciado a este agente por hechos similares.
Según la procuraduría especializada, el hombre habría sido señalado “por al menos tres testigos protegidas por conductas oportunamente calificadas como constitutivas de distintos tipos penales”. Por ese motivo, reimpulsó la denuncia.
Dos de estas denuncias fueron radicadas en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), a cargo de Mariela Labozzetta.
En una nota del diario Clarín se daba cuenta del accionar de este hombre: “Empezó a acosame, me quería besar, se metía a cuidar a mis hijos. Se supone que casi no tiene que tener contacto conmigo para no exponerme y lo tenía encima todo el tiempo. Lo denuncié y no me hicieron caso. «El hombre se enamoró», me dijo su jefe, disculpándolo”.
Aprietes
No es la primera vez que se pone la lupa sobre el Programa de Protección de Testigos. En julio de este año, el diputado nacional Rodolfo Talhade denunció a los ministros DE Justicia y de Seguridad nacionales, Garavano y Patricia Bullrich, por usar el programa como una herramienta para apretar a arrepentidos para que declaren contra ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
Entre los casos que señaló Tailhade figuran el caso de Ibar Pérez Corradi para que implicara a Aníbal Fernández en el tráfico de efedrina; el financista Leonardo Fariña para implicar a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner en la corrupción de la obra pública; y al empresario Mariano Martínez Rojas acusado de vaciar el grupo 23, entre otros.
