El arzobispo de Rosario, Eduardo Martin y su par de la ciudad de Santa Fe Sergio Fenoy fueron denunciados penalmente por Carlos Ensinck por “usurpar funciones del Estado”: es por promover el envío de informes privados sobre abusos sexuales cometidos dentro de la propia Iglesia católica y así, señala la presentación, hacer a un lado a la Justicia.
La demanda fue presentada por el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck, en el Ministerio Público de Acusación (MPA) el pasado domingo 5 de julio. Los religiosos están acusados de suplantar al Ministerio Público de la Defensa, organismo donde deben reportarse esos graves delitos.
Ensinck señaló este jueves en diálogo con Radio 2 que el tema lo trata desde «hace mucho tiempo» y que la denuncia es «a título personal”, con lo que no compromete en la misma al Colegio de Abogados que preside.
El letrado explicó que tomó conocimiento de que en Rosario se creó sistema de recepción de informes y denuncias de casos de abusos cometidos dentro de la Iglesia católica que figura en la página web del Arzobispado de Rosario. Una instancia similar se replica en la ciudad de Santa Fe, agregó, pero mediante correo electrónico.
Para Ensinck, esas disposiciones de la jerarquía eclesiástica violan el Estado de Derecho y además resulta “sumamente cuestionable” que sea la propia institución la que pretenda concentrar estas denuncias. “Los antecedentes de encubrimiento de este tipo de delitos en la Iglesia son muy significativos y el Estado no puede permitir que se repitan”, aseveró.
El abogado insistió: “La denuncia se refiere a los canales de comunicación que eligieron para recabar información sobre delitos de abuso sexual en la Iglesia, porque no dice ni da garantías de cómo se investigará, ni el derecho de las garantías constitucionales. El único camino de investigación son las fiscalías. El Estado es el único que puede tomar las denuncias penales por abusos sexuales”.
“Coincido que el camino de la Iglesia es correcto, pero la instrumentación está equivocada”, terció el profesional del Derecho.
Gustavo Dimonáco, profesor de la Universidad Católica de Rosario (UCA), salió al cruce y calificó como “vergonzosa” a la denuncia. Argumentó que los arzobispos utilizaron un documento aplicado por el Papa, y agregó que en la Argentina, por la ley 17032, se garantiza el libre ejercicio del culto y de ello se deduce la libre jurisdicción en el ámbito de su competencia para atender a aquellas personas que han sido afectadas por algún miembro de la Iglesia.
“Una cosa es el orden canónico y otra el orden penal”, resaltó y dijo en base a la recepción de informes: “Es un organismo de complementación para misericordiar a la víctima antes que nada”.
