El Ejecutivo nacional y la Procelac denunciaron ayer ante la Justicia una operación del grupo español Marsans por la cual vendió un juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral ante el Ciadi al fondo buitre Burford Capital, mientras la Argentina le reclama una deuda.
La denuncia fue presentada por el procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, quien recordó que en 2008 la presidenta Cristina Kirchner impulsó la expropiación y declaró a la aeronavegación como servicio público.
A partir de esa decisión, Abbona indicó que Marsans “fue al Ciadi a reclamar por el daño injusto y tiene un reclamo por más de 1.400 millones de dólares. En realidad, Marsans es un grupo deudor de la Argentina porque al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas, el gobierno debió hacer inversiones obligado”.
Burford, que tiene una cartera valuada en aproximadamente 500 millones de dólares por la compra de procesos, es conocido por dedicarse a la industria del “litigio corporativo”, por la cual adquiere la representatividad y derechos de juicios ya iniciados.
Por ello, el Estado argentino presentó una denuncia por un presunto fraude cometido en su contra por el español grupo Marsans, que administró Aerolíneas Argentinas y Austral entre 2002 y 2008.
La funcionaria sostuvo que tras el planteo de los españoles en el Ciadi, la Procuración tomó conocimiento de un contrato entre Marsans, un estudio jurídico local y el fondo buitre Burford Capital.
“Ellos patrocinan el trámite en el Ciadi, que implica luego pagar el patrocinio, y el grupo Marsans le pide una cuenta (a Burford) dónde depositar los fondos, luego que pierda el laudo la Argentina”, explicó Abbona.
Gonella señaló que tras la estatización, Marsans “accionó contra el Estado por unos 1.600 millones de dólares (por capital e intereses) y transfirió el derecho litigioso al fondo buitre y a estudios jurídicos argentinos que asesoran en contra de los intereses de la Argentina”.
Según Gonella, esas tres partes denunciadas por presunto fraude “no sólo se burlan del Ciadi” sino de los argentinos, por lo que se debe poner en conocimiento a la Justicia para “resguardar los intereses del país”.
“La Argentina no le debe al grupo Marsans sino que tiene fondos para reclamar por un monto cercano a los mil millones de dólares”, dijo Gonella en conferencia de prensa.
La Argentina empezó en marzo de 2014 su defensa de la estatización de la compañía aérea ante una fuerte ofensiva de Marsans, que intenta demostrar que el gobierno le debe por haberse quedado con la firma en julio de 2008.
Gonella precisó que en la denuncia por posible fraude se acusa a Marsans, al fondo buitre Burfort y a sus abogados patrocinadores, de violar los artículos 172 y 174 del Código Penal.
El fiscal antilavado dijo que Burford es “el mismo fondo que está patrocinando al grupo Petersen en el Ciadi por YPF en los tribunales de Nueva York, donde reclaman por la expropiación de la petrolera”.
Pero la empresa aludida aclaró en un comunicado que “con posterioridad a la toma de control de YPF por parte del Estado nacional, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de esa compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF”.
