La Auditoria General de la Nación (AGN) denunció en la Justicia a la Oficina Anticorrupción (OA) por «su conducta reticente» para entregar la información y documentación que le solicitó para poder hacer un análisis de su desempeño.
El organismo encargado de ejercer el control externo de las reparticiones públicas, dependiente del Congreso, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo donde señaló que la OA, a cargo de la dirigente del PRO Laura Alonso, incumplió a lo largo de nueve meses con su obligación de responder a sus requerimientos.
«Resultan inaceptables las numerosas excusas que bajo apariencia de impedimentos ha esgrimido la OA para negarse a suministrar la información», sostuvo la presentación de la AGN.
La evaluación a la OA fue aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso –que es la que instruye a la AGN– como parte del Plan Operativo Anual 2018 y debe analizar en desempeño del organismo: funciones, acciones y el respaldo documental.
Según la presentación, el organismo que encabeza Alonso se niega a entregar el listado de sus manuales de procedimiento, guías de trabajo y las listas de denuncias presentadas ante la justicia, las denuncias recibidas y su estado actual.
«De permitirse la negativa de proveer acceso a la información (…) se estaría impidiendo que la AGN cumpla con las funciones que la Constitución le otorga. Asimismo se obstruiría la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control efectivo sobre la acción estatal; y se dificultaría la función de Control Externo del sector Público Nacional a cargo del Poder Legislativo…», señaló la demanda que recayó en el juez Enrique Lavié Pico, según dio a conocer el canal C5N.
La decisión de presentar el amparo fue tomada por unanimidad por el directorio de la AGN, que integran, además del peronista Lamberto, también por el PJ, Javier Fernández, Graciela De la Rosa y Juan Forlón, y Jesús Rodríguez y Alejandro Nievas por la UCR y Gabriel Mihura Estrada por el Frente Renovador.
«Nunca llegué a esta vía como presidente de la auditoría y llevo 700 realizadas. No hay ninguna animosidad contra la OA sino que nunca había sido auditada. Es un error que retaceen la información porque de un modo u otro la auditoría la vamos a hacer. No somos la policía del Gobierno, sólo queremos un Estado mejor», señaló Lamberto en declaraciones periodísticas.
«Este procedimiento se usa cuando los funcionarios no entregan la información que se les solicita, dilatan o interfieren en la tarea de la auditoría», enfatizó Lamberto. En declaraciones a la radio La990, el funcionario advirtió: «esta es una instancia bastante rara, en casi tres años que estoy en la Auditoría nunca la utilicé antes».
El dirigente justicialista señaló que «en el caso particular de la Oficina Anticorrupción pasaron nueve meses sin tener respuesta, con evasivas, respuetas parciales, falta casi absoluta de colaboración para la Auditoría».
Lamberto confirmó que el control al organismo que encabeza Alonso forma parte de un plan aprobado por el Congreso. «Al plan de lo aprueba el Congreso de la Nación para evitar caprichos, que alguien tenga bronca personal contra un funcionario o haya una influencia mediática para que se mire tal o cual cosa», precisó.
