La Multisectorial contra el Tarifazo presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía provincial para que investigue si Litoral Gas incurrió en un delito al cortarle el gas y retirarle el medidor a una jubilada que está en una situación de vulnerabilidad. Como antecedente citaron el fallo de un juez federal, de la localidad bonaerense de Dolores, que prohíbe el corte del servicio en este tipo de casos. Desde la asociación que acompaña a la mujer dijeron que ya se resolvieron 10 situaciones similares.
De sorpresa
El viernes 8 de noviembre la empresa le desconectó el servicio a una jubilada de 62 años de Rosario y le sacaron el medidor. Le dejaron una notificación en la que constaba la deuda y le pedían que se dirigiera a Litoral Gas. “Esta actitud es contraria y violatoria de la medida cautelar dictada por el juez federal de Dolores que le impide cortar el servicio por falta de pago”, detalló el abogado de la multisectorial, Juan Alcaraz, en diálogo con El Ciudadano.
La mujer percibe 5.900 pesos de jubilación, ya que de la mínima le descuentan un porcentaje en concepto de moratoria. Padece una enfermedad crónica y la ayuda un hijo para poder comprar los medicamentos y la comida. En ese contexto de carencia, las facturas del gas se le fueron acumulando. La última que le llegó era por un importe de 5 mil pesos. La anterior, por 4.900, y siempre según el abogado, ella debería destinar todos sus ingresos para afrontarla. Alcaraz ofreció que haga pagos parciales de acuerdo con su capacidad económica: unos 500 pesos por mes. “Demostramos que ella está en una situación de vulnerabilidad social y económica presentando el recibo del haber jubilatorio”, destacó el abogado de la multisectorial.
Acción
La Multisectorial contra el Tarifazo realizó una presentación a la empresa para que le repongan el servicio, le reinstalen el medidor sin costo y que fijen una cuota mensual de pago acorde a los ingresos de la clienta. Desde la asociación insistieron que le comunicarán la situación al juzgado de Dolores, donde en estos casos se aplica una multa que va de los mil a los 100 mil pesos. Además, Alcaraz pidió en representación de la Multisectorial que se investigue a Litoral Gas y a sus directivos por cortarle el servicio a la jubilada. “Retirar el medidor puede interpretarse como una forma de extorsión para obtener el cobro”, argumentó y agregó que la firma incumple una orden de la Justicia federal. También solicitó al ente regulador Energas un informe sobre el caso.
Acumulado
Alcaraz explicó que ya son 10 los casos que resolvieron de esa manera. Él considera que es un “globo de ensayo” que lanza la empresa para ver si pasan los cortes de servicio pese al fallo de un juez bonaerense. Si la compañía no revierte la decisión, la asociación rosarina hará una denuncia penal en los Tribunales federales por desobedecer una orden judicial.
Alcaraz enfatizó que estos ceses del servicio se dan cuando un 30 por ciento de los clientes deben facturas a Litoral Gas y a la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El fallo de Dolores
El 21 de mayo el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla ordenó a las distribuidoras de gas de todo el país que se abstengan de cortar o suspender el servicio por falta de pago. Hizo lugar a un pedido de la Asociación Consumidores Argentinos. Padilla argumentó que la cautelar pone el foco en los sectores socialmente vulnerables, a los que los altos montos de las tarifas les comprometen una vida digna. El fallo está vigente y es el que invocan las asociaciones de defensa al consumidor para revertir los cortes.
