El diputado provincial del Frente Social y Popular –y precandidato a diputado nacional– Carlos Del Frade denunció ayer al presidente Mauricio Macri por exceptuar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de los controles a las exportadoras. “Está desprotegiendo la salud y la integridad del pueblo argentino”, señaló Del Frade, al tiempo que sostuvo que con esa medida “le regalamos 1.500 millones de pesos” a las empresas exportadoras.
La denuncia penal fue radicada este lunes por la mañana en los Tribunales Federales de Rosario. Según Del Frade, con la resolución 37/2017 del Senasa, fechada el 26 de enero de 2017, se está “desprotegiendo la salud y la integridad” y “se está corriendo al Estado del control de todas las exportaciones que hagamos de productos y subproductos vinculados con harinas, aceites y todo lo que tiene que ver con oleaginosas, esto significa que las empresas se van a controlar a sí mismas”.
El legislador del Frente Social y Popular presentó un recurso de amparo contra la resolución 37/2017 para que el organismo “vuelva a controlar lo que entra y sale en las bodegas de los buques” y una denuncia penal por “usurpación de cargo” contra Cristian Cunha, el coordinador general de Puertos del gobierno nacional, que comenzó a ejercer sus funciones a principios de 2016 pero recién en mayo de 2017 fue nombrado en el Boletín Oficial.
“Estamos hablando de que ocho empresas, las cuales tienen alquiler en los puertos de la provincia, están facturando 234 mil millones de pesos al año”, explicó Del Frade. Y continuó: “Ahora, con esta medida del presidente de la Nación, les regalamos 1.500 millones de pesos más y, según denunció el gobierno de China, están subfacturando 2.000 millones de dólares, con lo cual gambetean impuestos de una manera alevosa. Les estamos regalando el control, con lo cual ellas mismas van a decir qué entra y qué sale de sus buques”.
La denuncia también alcanza funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación y del propio Senasa. Allí, se solicita la investigación del delito de “usurpación de autoridad” por parte de Cunha; de “nombramiento ilegal” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte del presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, el titular del Senasa Jorge Dillon y el propio Cunha.
Transferencia de recursos
Según el legislador del Frente Social y Popular, la privatización de los servicios del Senasa representa una transferencia de recursos a favor de las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.
La resolución 37 establece que todos los embarques de productos y subproductos de granos para exportación o reexportación deben ser sometidos al control fitosanitario y de calidad del Senasa, quedando “exceptuados de dicho control fitosanitario y de calidad, los aceites, harinas, pellets, expellers y tortas de cereales y oleaginosas, cuando no sea requerido por el país de destino. Sin perjuicio de ello, el usuario interviniente podrá solicitarlo en cualquiera de las operaciones mencionadas”.
Del Frade manifestó preocupación por “la tercerización de los servicios del Senasa que no solamente afectan al Estado nacional, sino también a los trabajadores del área que cumplen tareas en la geografía santafesina, como también constituye un potencial riesgo para la soberanía alimentaria de la población y una preocupación concreta sobre animales que entran y salen de los puertos radicados también en Santa Fe”.
Antes de la denuncia, Del Frade impulsó un pedido de informes desde la Cámara de Diputados de la provincia por el cual le solicitó al Poder Ejecutivo que, a través de los ministerios de Producción, Medio Ambiente, Trabajo y Salud, responda sobre las consecuencias de la política nacional en torno a la privatización de las funciones del Senasa y su impacto en el patrimonio zoofitosanitario de la provincia.
