La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y a las ex autoridades del organismo durante la gestión anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según el trámite cumplido en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.
En el caso de Macri, se lo denunció «en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, ley N! 25520)» como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia», según explicaron fuentes del organismo.
En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el ex titular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente «carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico».
Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio «irrisorio» a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas «aptas para el disparo y utilización».
Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían «el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal», según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron «armas de colección que no se consiguen en el mercado» como revólveres Ruger y Colt Trooper.
El Ruger “tenía la leyenda que decía «200 años de la libertad de América»”, destacó la presentación de Caamaño.
Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca Mossberg, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.
“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.
Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad».
De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a «un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad» y «prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso».
Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro ex funcionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.
Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento «en condiciones de rezago» porque no resultaba «económicamente rentable ni factible su recuperación».
Ante ello se autorizó la venta a los agentes «pertenecientes a la Agencia» con credencial de legítimo usuario de arma de fuego con pago que se realizaba a través de descuento de haberes.
Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció ahora su sucesora Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba «como material en desuso».
El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20 por ciento de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.
Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas «bajo la misma modalidad».
«La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un «perjuicio a la administración pública».
