El diputado nacional de Nuevo Encuentro-FpV Adrián Grana presentó ayer una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por considerar que “desobedecieron” la orden judicial del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, al modificar la ley de medios por decreto.
Además, desde Nuevo Encuentro adelantaron que paralelamente presentarán “en el transcurso de la semana” un recurso de amparo con pedido de medida cautelar para frenar el decreto de necesidad y urgencia 267 que dispuso la disolución de Afsca y Aftic, y su reemplazo por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el marco de la modificación de los principales artículos de la ley de medios.
En este sentido, Miguel de Godoy fue designado ayer como presidente del directorio del Enacom, con rango y jerarquía de secretario de Estado. Asimismo, se designaron directores del ente a Alejandro Pereyra, Agustín Garzón y a Heber Martínez, todos con rango y jerarquía de subsecretario.
“Macri gobierna al margen de la ley y desobedeciendo a los jueces”, lanzó Grana, que presentó la denuncia ante el juez federal en lo Penal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, por los delitos de desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial.
La denuncia se basa en que Arias había dictado una medida precautelar con vigencia desde el 29 de diciembre pasado que impedía cualquier modificación de los artículos centrales de la ley de medios, como la que define su autoridad de aplicación, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
En este marco, Grana denunció que a Macri “no le importó” la orden judicial y que incurrió en una “grave desobediencia” al crear “un nuevo ente con hegemonía absoluta del macrismo” que “elimina todos los límites” que la ley le ponía a los medios concentrados.
“Macri desobedece a los jueces y obedece a Magnetto, para darle servido el mercado de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales”, disparó el legislador kirchnerista, que afirmó que si el jefe del Estado “quiere cambiar la legislación tiene que convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en lugar de gobernar por DNU”.
Sumado a esta acusación, Grana afirmó que el gobierno nacional podría agregársele el cargo de falsificación de instrumento público a partir de la posible alteración de la fecha en la que fue firmado el citado decreto 267.
A través de un comunicado, la organización kirchnerista Nuevo Encuentro recordó que Peña había anunciado en la mañana del 30 de diciembre en conferencia de prensa que “el decreto sería firmado esa misma tarde por el presidente de la Nación”.
“Sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia, publicado ayer, lleva la fecha del 29 de diciembre, día en el que Mauricio Macri se encontraba veraneando en Villa La Angostura, Neuquén, como es de público conocimiento”, agrega.
Por otra parte, una fuente cercana a Martín Sabbatella reveló que Nuevo Encuentro presentará “en el transcurso de la semana” un recurso de amparo con pedido de medida cautelar para suspender los efectos del DNU 267 que elimina el Afsca y el Aftic y que crea una nueva autoridad de aplicación que absorbe las funciones y competencias de las anteriores, como parte de la modificación de la esencia de la ley de medios.
En los fundamentos de la presentación se advertirá que no existe una “verdadera necesidad y urgencia” que se corresponda con los estándares establecidos por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema, “sino un mero disconformismo con la regulación dispuesta por el propio Congreso de la Nación a través de la ley 26.522, a la cual quiere modificar «de inmediato»”.
Se advertirá, al respecto, que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución dispone que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (…) Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.
Escracharon al Grupo 23
Los trabajadores del Grupo 23 marcharon ayer a las oficinas de Sergio Szpolski en Puerto Madero, propietario junto a Matías Garfunkel de Tiempo Argentino, radio América, Infonews, El Argentino, (y sus sucursales de Zona Norte, Sur, Córdoba, Rosario y Mar del Plata), 7 Días, Cielos Argentinos y CN23. Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización, ya que muchos no han cobrado sus sueldos de noviembre y el aguinaldo. La protesta se realizó junto a miembros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para exigir que se cumpla con los compromisos de pago y evitar el vaciamiento. Se sumaron a la movilización delegados y trabajadores de Clarín, Canal 7, Perfil, Página 12, canal 13, Telefé y Télam. “La unidad de los trabajadores de prensa organizados es la única salida ante la prepotencia patronal”, dijeron.
Repudian DNU que “destruye” ley de Medios
La Coalición por una Comunicación Democrática delegación Rosario se reunió en asamblea, con la participación de distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias, cooperativas, universitarias, de pequeñas y medianas empresas, y productoras audiovisuales, para expresar su rechazó por “autoritario e inconstitucional” al decreto 267 del gobierno nacional por el cual se anulan las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones Argentina Digital, en una “acción de barbarie antidemocrática pocos veces vista en un gobierno elegido por los votos”.
Al mismo tiempo, desde el espacio que entre otras organizaciones integra el Sindicato de Prensa Rosario anunciaron la presencia en la ciudad de Martín Sabbatella, desplazado director de la disuelta Afsca, en un acto que se realizará el sábado 16 de este mes a las 19 en calle Entre Ríos y el río (plaza del Pueblo).
“Con el nuevo decretazo se desconoce la voluntad de una ciudadanía que gestó con luchas y debates una ley que es modelo de leyes, por su construcción popular, plural y federal. Argumentando una falsa necesidad y urgencia, se apunta al corazón de la ley 26.522, conocida como ley de Medios, al modificar artículos que limitan los monopolios, al prorrogar las licencias y aumentar el límite de licencias en un solo operador, permitir las transferencias de medios excepto para los sin fines de lucro, desregular el cable, eliminar las cuotas de contenido local, propio y nacional”, indicaron desde la Coalición Rosario, para denunciar que el DNU de Macri “lesiona gravemente el derecho humano a la comunicación y al ejercicio pleno de la libertad de expresión de cada uno de los habitantes de este país”.
