Juan Pablo Di Lenarda Pierini / Especial para El Ciudadano
Tras la firma del decreto reglamentario de la Ley Integral para Personas Trans que se aprobó en octubre del año pasado en Uruguay, el precandidato presidencial Carlos Lafigliola y el actual diputado Álvaro Dastugue, ambos por el Partido Nacional, deberán ir a la justicia tras el lanzamiento de su campaña “todos somos iguales” contra la Ley Integral para Personas Trans por presunta estafa e incitación al odio.
El pasado 14 de mayo, Lafigliola fue citado a declarar, y mientras que la denuncia penal aún se encuentra en transcurso judicial, Josefina González y Marcela Pini –activistas trans denunciantes– ya han declarado y solicitan el visto de esa declaración que está siendo tramitada con un abogado. En el caso del diputado Nacionalista Dastugue, aún no se sabe cuándo va a ser citado a declarar.
Mientras tanto, activistas del colectivo trans uruguayo esperan que a partir de esta denuncia el resultado sea un hecho histórico y político para que estos representantes políticos no sigan violentando los derechos de este vulnerable colectivo.
“Estos personajes construyeron un discurso y acción de odio hacia nosotras generando más violencia sobre nuestros cuerpos” dijo Josefina González –activista trans y comunicadora– y agregó: “tres personas trans fueron agredidas y violentadas en diferentes puntos del país por pequeñas manadas de varones incitados por el odio”.
Aunque el vecino país se encuentre a la vanguardia con respecto a los Derechos Humanos y el bienestar para la comunidad LGBTQI+, grupos conservadores y religiosos de corte evangelistas realizaron una contracampaña e intento de pre referéndum con el aval de 70.000 firmas para intentar derogar la Ley Integral para Personas Trans.
“Nosotras entendemos que el recurso de referéndum es válido y legítimo, pero mentirle a las personas para derogarla es una estafa, engañaron acerca de la ley y sus respectivos artículos” dejó en claro Josefina.
Ambos funcionarios fueron denunciados por violar los artículos 148, 149 bis y 347 del Código Penal uruguayo. El propio articulo 148 expone: “El que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. Mientras que el artículo 149 bis establece que la pena para quien “públicamente o mediante cualquier medio” incite “al odio o al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual” explicitando una pena de un mínimo de tres meses a dieciocho meses de prisión.
“Decían que nuestra ley era peligrosa y que otorgaba privilegios, volcando violencia hacia nuestra colectiva” remarcó la activista trans y agregó: “Fueron a todos los medios de comunicación para hacer apología al odio sobre las identidades trans, construyendo un discurso que nos vulnera aún más”.
Referentas de la Campaña Nacional Ley Integral para las Personas Trans, manifestaron su repudio por la tergiversación, pánico y miedo que han generado para derogar la ley, donde el propio artículo 347 establece: “El que con estratagemas o engaños artificios indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.
Ley trans resistida
En la madrugada del 19 de octubre de 2018, el Parlamento uruguayo se pintó de amarillo, abrazos y emociones tras la aprobación de la Ley Integral para personas trans. Una ley que contempla el bienestar de la comunidad trans de manera amplia, considerando la identidad legal, la salud tanto física como psicológica, la inclusión en el mercado de trabajo y también el resarcimiento económico a más de cincuenta mujeres trans que fueron víctimas de violencia institucional – acoso y represión – durante la dictadura militar de 1973 hasta 1989.
“No hay otra ley en América Latina para personas trans que contemple todos los aspectos de la vida como en nuestra ley. Muchos países tienen leyes individuales, espero que se pueda replicar esto en otros países” manifestó contenta Josefina y aclaró: “Esta ley contempla la niñez, adolescencia, y vejez trans teniendo en cuenta la educación, la salud, el acceso a la educación y a la cultura desde una mirada amplia para garantizar la accesibilidad de estos derechos”.
La campaña por la Ley Integral para Personas Trans, construyó la voz trans en primera persona, nadie hablo por ellas, cada una de las instancias fueron impulsadas y discutidas por los diferentes colectivos de diversidad del país, generando autonomía partidaria, autogestión, y la construcción de una identidad que ya es parte de la historia en esta larga lucha por la conquistas de derechos.
“La aprobación de la ley la vivimos con mucha emoción y una alegría gigantesca. Instalamos pantallas en las afueras del parlamento, y nos abrazaron organizaciones de todo tipo” recordaba Josefina la madrugada cuando fue ley, y agregó emocionada: “quiero recordar a Paula Braga, ella acompañó todo el proceso, pudo vivirlo, la vio cumplida pero lamentablemente murió el mes pasado. Es muy emocionante que ella pudiera vivirlo con 60 años. Nos llena de emoción y alegrías compartidas”.
Realidad trans
Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, son alrededor de 853 personas trans en Uruguay. El 90% son mujeres trans y el 10% son varones trans.
Organizaciones LGBTQI+ en América Latina determinaron que la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años – la mitad que la media – donde las oportunidades laborales también son menores, según el último censo uruguayo, siete de cada diez travestis-trans se prostituyeron ante la usencia de otras posibilidades laborales, mientras que una tercera parte se encuentra desocupada, y sólo el 20% tiene algún trabajo formal.
La ley Integral para personas trans, establece la creación de políticas públicas para este colectivo, a partir de la promoción de acciones específicas para disminuir y terminar con la discriminación y violencia que las atraviesan. Estas medidas pretenden integrar a las y los trans como sujetos políticos que han sido históricamente excluidos en el ámbito social, educativo, laboral, económico, cultural, entre otros.
