El Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia para que se investiguen si una serie de documentos vinculados con empresas del empresario detenido Lázaro Báez pudieron haber sido utilizados por el gobierno de Mauricio Macri para el desarrollo de las actividades de la llamada «mesa judicial» acusada de interferir en el desempeño de la Justicia.
La presentación fue realizada el viernes por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, ante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González que tiene la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos ejerció presiones indebidas sobre el Poder Judicial para lograr distinto tipo de resoluciones.
La documentación fue hallada el 22 de junio, en la oficina del cuarto piso del ministerio, ubicado en Sarmiento al 300 de la ciudad de Buenos Aires, que hasta el 10 de diciembre del 2019 ocupó el ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relación con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, Juan Bautista Mahiques, quien en la actualidad se desempeña como fiscal general de Capital Federal.
Los documentos fueron encontrados dentro de un sobre en el que además tenía escrito un apellido y un número de teléfono en el marco de la reacomodación de oficinas y la mudanza al edificio de la flamante subsecretaria Garrigós de Rébori, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la presentación.
«Se encontraron documentos originales correspondientes a la firma austral Construcciones, aparentemente vinculadas con acciones de índole comercial desarrollada por esa empresa y su apoderado Martín Báez con la empresa YPF Gas S.A.», informaron las fuentes consultadas por esta agencia.
El hallazgo de la documentación y su contenido específico fue certificado por un escribano público convocado para la ocasión, según informaron las fuentes que, además, aseguraron que no se detectó ningún elemento que justificara que esa documentación estuviera allí.
Para quienes encontraron el sobre, su contenido «podría relacionarse con las actividades de la llamada mesa judicial del gobierno anterior», por lo que lo presentaron ante el juzgado de Ramos, donde ya se tramita un expediente vinculado con esa materia.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada «mesa judicial» durante la gestión de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo, mientras estuvo a cargo del ex presidente Mauricio Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana María Figueroa, quien dijo en un programa de la radio AM750, que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán.
Los denunciantes sindicaron como «responsables de los hechos» a los funcionarios «de altísimo nivel en el gobierno del presidente Macri», que integraron lo que públicamente se conoció como «la mesa judicial» de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al ex presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último procurador general del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.
La semana pasada también quedaron imputados en el expediente el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la «mesa judicial» y el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acusado de visitar jueces laborales con el objetivo de acordar resoluciones judiciales durante la gestión de Cambiemos.
