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Denuncian penalmente al intendente de San Nicolás por intentar pavimentar una reserva natural

La agrupación Comunidad Nicoleña por el Ambiente denunció al intendente nicoleño Manuel Passaglia, por destruir una zona del Parque Rafael De Aguiar, un área de 1.500 hectáreas de humedales protegida como reserva natural desde 1950. Los ambientalistas lograron frenar los trabajos de las topadoras

La agrupación Comunidad Nicoleña por el Ambiente (Cona) denunció penalmente al intendente de la ciudad bonaerense de San Nicolás, Manuel Passaglia, por «desobediencia de orden judicial» al intentar pavimentar una zona de humedales, protegida como reserva natural desde 1950.

Se trata del Parque Rafael De Aguiar que comprende un área protegida de 1.500 hectáreas de humedales ubicadas a la vera del Arroyo Yaguarón y el río Paraná, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles por la tarde, miembros de la agrupación Cona que se encontraban relevando especies autóctonas en los humedales avistaron obreros con topadoras y palas arrancando árboles en el parque e impidieron que las obras continuarán montando un acampe que persiste hasta este jueves.

«La pavimentación de la zona protegida que intentó desarrollar el intendente viola tanto las ordenanzas locales como una medida judicial que prohíbe los movimientos de suelo en el parque por eso iniciamos acciones legales», indicaron a Télam voceros de la agrupación.

En esa línea, el abogado de la ONG Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea), Fabian Maggi, dijo: «El área tiene su regulación ambiental específica en base a una ordenanza donde se establece su objeto primordial de preservación del ambiente», señaló.

«En esa reglamentación hay prohibiciones específicas para respetar ese rol de preservación ambiental, una de ellas es la prohibición de actividades extractivas, de explotación ganadera y la prohibición de movimientos de suelo para respetar la geomorfología de los humedales», enumeró.

Los desmanejos en las zonas protegidas del Parque Rafael De Aguiar ya fueron judicializados en 2017 por Fomea, cuando el Juez, Alio Basani dictó una medida cautelar prohibiendo los movimientos de suelo y ordenó el retiro de ganado que pastorea destruyendo los humedales, que el municipio local no respetó.

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