Desde la Federación de Choferes de Transporte (Foetapra) denunciaron que directivos de la empresa Monticas vendieron coches de la firma que hoy circulan por las rutas del país, aun cuando desde la provincia y la Nación les habían quitado el permiso para hacer viajes después del choque en la Ruta Nacional 33 donde murieron 13 personas y hubo más de 30 heridos.
La Justicia investiga si los colectivos de Monticas que habían impactado de frente el 24 de febrero de 2017 cumplían con las condiciones reglamentarias de seguridad. “Los dueños de la ex Monticas se manejan con la misma impunidad que se manejaron desde el momento del hecho de tránsito más grave de la historia de Santa Fe”, dijo Walter García, delegado normalizador de la federación de choferes en la provincia.
Denuncia
Este lunes desde Foetapra emitieron un comunicado donde denunciaron que los responsables de la firma de transporte Monticas vendieron coches cuya apariencia era “idéntica” a las de las unidades que sabían conectar destinos dentro y fuera de Santa Fe hasta marzo de 2017, un mes después del choque en la 33. Siempre según contó García, lo hacen bajo la firma T.A El Porteño.
“Después de muchas marchas y reclamos, el Ministerio de Transporte les había exigido sacar de circulación los coches”, explicó el delegado y agregó: “Los coches no habrían tenido todas las habilitaciones en regla al momento del fatal desenlace. Hubo un centenar de familias destrozadas psicológicamente por el choque entre las dos unidades de la misma empresa a consecuencia del reventón de una cubierta recapada colocada en la parte delantera de uno de los micros”.
“Faltando pocos meses para el tercer aniversario de la tragedia, los coches de la ex Monticas vuelven a ser vistos en circulación por las rutas del país. Hay coches modelos similares a ese que terminaron consumidos por las llamas del incendio sobre la ruta 33 en Casilda”, describió García. De acuerdo con el delegado, las unidades que chocaron en febrero de 2017 eran modelos anteriores al 2011, sin mantenimiento, con serios problemas y fallas. “Hoy circulan libremente sin siquiera tener el pudor de quitarles el maquillaje naranja y blanco que provoca tan profundo malestar entre familiares y allegados a las víctimas”, insistió García.
“Se burlan de la gente que todavía sigue esperando justicia y el resarcimiento que por ley corresponde. Esta situación es grave”, concluyó el delegado.
Territorio
A dos semanas del choque entre Pérez y Zavalla la provincia le había quitado la concesión de las rutas 33 y 9. Después declararon la caducidad de las licencias y dispusieron un plan de contingencia para quienes necesitaban viajar por esas pudieran hacerlo con colectivos de la Compañía Santafesina de Transporte S.R.L, de la empresa Los Ranqueles S.R.L y un servicio de la empresa Tata Rápido S.R.L, entre otras firmas.
Siete días más tarde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) le suspendió los servicios interprovinciales del corredor de la ruta 92. La resolución Nº 381 de la comisión señalaba “la paralización de la totalidad de los servicios de transporte automotor de Jurisdicción Nacional correspondientes a la empresa Monticas Sociedad Anónima”. Afectó los viajes desde Santa Fe hacia Arias, Corral de Bustos, Justiniano Pose y Cruz Alta, todas localidades de Córdoba. Recién en agosto volvieron a circular colectivos entre Rosario y el sur cordobés. Las empresas América y Azul formaron una unidad técnica ejecutora (también conocida por la sigla ITE) para retomar las operaciones de Monticas.
La causa en marcha
El choque de febrero llevó a una causa judicial. En diciembre la Justicia imputó por homicidio culposo agravado al gerente de Monticas, Pablo César D.; al presidente del directorio, Alejandro David L.; al vicepresidente, Raúl José R.; a Juan Antonio S., otro miembro del directorio; y el jefe de taller de la firma, Carlos Enrique L. Desde la Fiscalía entendieron que le caben responsabilidades en la muerte de 13 personas que viajaban en los internos 145 y 105 de Monticas que chocaron de frente el 24 de febrero de 2017 en el kilómetro 779 de la 33. En total, también resultaron heridas 37 personas.
En junio de este año la Justicia rechazó el pedido de constitución de querellante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad) y la Municipalidad de Casilda en la causa. Entendieron que el delito que se investiga afecta a bienes individuales y no colectivos. Sólo admitieron el pedido de participación de la familia de una de las víctimas, María Belén Genga, quien sufrió lesiones que la dejaron en estado vegetativo.
