Desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe señalaron que hace meses las personas afiliadas al programa federal Incluir Salud se encuentran en una grave situación ya que están al borde del corte de servicios de profesionales. Eso incluye a escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias. “Hay atrasos en el incumplimiento del programa desde hace varios meses. Ya gestionamos una reunión con la agencia Nacional de Discapacidad para tratar de regularizar el funcionamiento”, sostuvo Raúl Lamberto, el titular del organismo.
Incluir Salud es un programa que está destinado a garantizar el acceso y cobertura médico asistencial, traslado, rehabilitación, centros educativo, terapéuticos, prótesis y ortopedia a los beneficiarios de pensiones asistenciales, leyes especiales y pensiones graciables.
En diciembre pasado quedó bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, creada tres meses antes en el ámbito de la vicepresidencia de la Nación, a cargo de Gabriela Michetti.
“En Santa Fe contamos con un área de salud muy importante. Los principales inconvenientes están vinculados a los alcances de la cobertura, la demora en pagos y la provisión de prestaciones, entre otras cuestiones”, explicó Lamberto.
En ese marco, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) hizo pública su preocupación frente a la gran cantidad de consultas recibidas de afiliados de Incluidos Salud vinculadas a los incumplimientos por parte del gobierno nacional, lo que hace peligrar la continuidad del programa.
Desde Adpra advirtieron que el gobierno nacional adeuda pagos por servicios prestados desde hace siete meses: del 20 por ciento del mes de agosto, septiembre y octubre de 2017, y se opone a otorgar un aumento en los aranceles “acorde a la ardua situación inflacionaria”.
Los defensores detallaron que “en la última semana se liquidaron facturas de servicios con una quita unilateral del 40 por ciento sobre el monto de transportes, sin ningún tipo de explicación por parte del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Además ya pidieron una audiencia con ese organismo para regularizar las prestaciones alcanzadas por el programa.
Un pedido desde el Concejo
En tanto, el Concejo Municipal aprobó este jueves un proyecto para que Nación -a través de la Municipalidad- envíe información detallada sobre «el recorte y atraso en los pagos» del programa, siempre haciendo eje en las prestaciones realizadas para personas con discapacidad.
“Se estima que los recortes impedirían que en Santa Fe unas 5.700 personas con discapacidad -de todas las edades y sin obra social- puedan llegar hasta sus centros terapéuticos o de rehabilitación. Esta crítica situación del sistema de atención se agrava por la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales”, aseguró la autora del proyecto, Norma López.
“Estas prestaciones están siendo afectadas debido a que el ajuste al transporte impide que las personas con discapacidad puedan asistir a los centros de día, de salud e instituciones educativas, perjudicando a los sectores más vulnerables”, explicó.
López pidió que el gobierno de Mauricio Macri informe en qué situación se encuentran los pagos detallando los de la provincia de Santa Fe, y «específicamente a los prestadores de Rosario». «Además queremos saber si el organismo realizó algún tipo de costos de actualización de los servicios”, concluyó la edila.
