El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman, presentó este martes una denuncia ante la Unidad de Delitos Complejos a cargo de la fiscal Mariela Giménez en la ciudad de Santa Fe por el desvío de fondos reservados del Ministerio de Seguridad durante la gestión anterior para pagar los honorarios de los abogados que actuaron en la defensa de los cinco empleados policiales que trabajaban en Asuntos Internos y fueron investigados por encubrir la desaparición forzada y homicidio de Franco Casco.
Uno de los abogados interviniente fue asesor de la cartera de Seguridad un tiempo antes de asumir la defensa y, según una fuente consultada, había contado con acceso a información sensible. Sain pidió que se investigue a el entonces secretario de control del Ministerio David Reniero ya que fue quien dio la orden y el ex director de Asuntos Internos por el delito de peculado.
Al inicio de la gestión del nuevo gobierno provincial se realizó una auditoría en la ex asuntos internos a pedido del gobernador Omar Perotti y del ministro Sain. Una fuente del caso contó que analizaron la situación y después de unos meses de procesar esa información junto a otros elementos que fueron recabando, detectaron que durante aproximadamente un año se aumentó el monto de gastos reservados en la gestión del ex ministro de seguridad Maximiliano Pullaro con el que se pagaron honorarios a la defensa de cinco uniformados de Asuntos Internos que quedaron involucrados en la investigación por la desaparición forzada y tortura seguida de muerte de Franco Casco. Se estima que el monto del dinero llegó al millón de pesos, contó la fuente.
Franco Casco Franco tenía 20 años y vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, junto a su pareja y su hijo pequeño. A principios de octubre de 2014 viajó a Rosario para visitar a familiares radicados en barrio Empalme Graneros. El 6 de ese mes se dirigió a la estación de trenes para volver a Retiro pero nunca llegó. Había sido trasladado a la comisaría 7ª y nada más se supo de él hasta el 30 de octubre cuando su cuerpo apareció flotando en el río Paraná.
Se inició una investigación penal entre los que quedaron involucrados uniformados de la seccional 7ª. Y por encubrimiento de la desaparición forzada seguida de torturas y muerte, cinco agentes policiales de la ex Asuntos Internos. Los indagaron por ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas o instrumentos del delito cometido contra Casco que fue alojado en la 7ª y no haber denunciado la perpetración del hecho delictivo. Se trató del entonces jefe de la Dirección Aníbal Candia y su segundo Sergio Pieroni.
También los numerarios Pablo Siscaro, Daniel Escobar y Carlos Alberto Ríos. Todos ellos fueron defendidos en un primer momento por el abogado José Alcacer, quien hasta un tiempo antes había sido asesor del Ministerio de Seguridad aunque al momento de asumir la defensa de los uniformados había renunciado a ese cargo, contó una fuente que aseguró que es un hecho gravísimo porque si bien ya no estaba en las filas del ministerio había tenido acceso a información sensible y una persona de su entorno cercano seguía en el Ministerio.
Con el tiempo ingresaron a las defensas otros abogados, a Candia y a Pieroni los defendió Alcacer, luego se sumó Paul Krupnik y ambos fueron sobreseídos. Otro de los que fue sobreseído fue Ríos cuya defensa estuvo a cargo de Carlos Varela y Adrián Martínez. A Escobar lo defiende Krupnik y está a un paso del juicio oral al igual que Pablo Siscaro, cuya defensa sigue a cargo de Alcacer.
El asesor
La denuncia hace hincapié en la situación del defensor particular José Alcacer, quien estuvo designado como asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, dependencia que abarco la ex Asuntos Internos. Para el denunciante la asunción de las defensas de los uniformados es violatoria de la ley 13230 (ley de ética en el ejercicio de la función pública).
La denuncia resaltó la incompatibilidad prevista en la ley con la representación y ejercicio de la defensa de los acusados que realizaban tareas reguladas por el Estado. Si bien Alcacer cesó en el cargo en octubre de 2015 la ley mantiene la inhabilidades durante los dos años subsiguientes, cuenta el documento.
En cuanto al desembolso de dinero por parte de la cartera de Seguridad, la denuncia aclara que si bien los gastos reservados legalmente no están sujetos a rendición de cuentas ello no significa que puedan destinarse a provecho particular. Sain también pidió una investigación del caso y señaló al entonces secretario de control de Ministerio de Seguridad David Reniero, que según la denuncia fue quién dio la orden y al ex director de Asuntos Internos para que se los investigue por el delito de peculado.
