Seis organizaciones que manejan espacios de atención a personas con consumos problemáticos de drogas denunciaron que la Nación se atrasa con el dinero que necesitan para asistir a quienes no tienen cobertura de salud. En Argentina son 200 lugares donde trabajan 4.500 profesionales atendiendo a 50 mil familias. Dijeron que se enfrentan a mayores y más complejas demandas que deben afrontar con menos recursos. “El Estado debe tener sus propios dispositivos y diseñar en conjunto con las organizaciones políticas de contención”, explicó en diálogo con El Ciudadano Antonio Tesolini desde el Programa Andrés, una de las instituciones en conflicto.
El sistema
La atención de quienes tienen problemas de consumo en Rosario depende, como en otras partes del país, de los fondos que envía Nación, a través de la Sedronar, a las organizaciones sociales, políticas y religiosas que trabajan en los barrios en las denominadas Casa de Acompañamiento Comunitario (CAC). Los grupos reciben subsidios y así hacen frente a los salarios de quienes trabajan en los espacios de contención.
La semana pasada seis organizaciones, Red Puentes, Casa Pueblo, Vientos de Libertad, Volver a la Vida, Programa Andrés Rosario (PAR) y Vínculo, sacaron un comunicado para denunciar un estado de alerta. “Mediante diferentes comunicaciones oficiales y extraoficiales la Secretaría responsable de monitorear y sostener los tratamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos nos hace saber que no está provisto de ningún tipo de actualización por las prestaciones y que habrá demoras en los pagos”, escribieron, y siguieron: “La noticia suma una nueva dificultad a las ya precarias condiciones con las que nos enfrentamos cotidianamente. Los cientos de jóvenes que concurren todos los días a nuestros espacios en busca de atención, alojamiento y tratamiento se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, expuestos al creciente desempleo, la violencia y la falta de respuestas”. Cerraron la comunicación pidiendo una reunión urgente con el secretario Roberto Moro para resolver el conflicto sin tener que cerrar de forma parcial los espacios.
El impacto
Rafael Del Cura trabaja en el espacio de acompañamiento de consumos problemáticos Casa Pueblo que depende del Movimiento Evita y tiene en el barrio Saladillo. “A nivel nacional hay 200 espacios similares en donde trabajan 4.500 personas atendiendo a 50 mil familias. En Rosario son entre 8 y 9 espacios. Está el espacio Viento de Libertad del MTE e incluso los que tiene la asociación del Padre Misericordioso (cuyo referente en Fabián Belay), que además del lugar en Granadero Baigorria tiene otros espacios en Rosario”, explicó el coordinador y contó que en 2018 no cobraron hasta diciembre.
Los trabajadores que dependen de ese subsidio nacional son coordinadores, psicólogos, profesores de educación física y cuanto profesional necesite. “Somos monotributistas y le facturamos a las organizaciones sociales que dependen del subsidio”, agregó Del Cura.
En Casa Pueblo hay talleres culturales y hasta unidades productivas. Tienen cuatro psicólogos y en total son 7 personas las que dependen de ese subsidio para cobrar y poder trabajar con más de 200 chicos y chicas cada día. De lunes a jueves mantienen un comedor. “Con el aumento en la demanda por la crisis no damos abasto”, confió el trabajador de Saladillo.
Celeste desde el espacio Vientos de Libertad de Empalme Graneros que depende del MTE adelantó que están en negociaciones para destrabar el conflicto con Sedronar y recordó que los CAC surgieron como una necesidad de instalar políticas públicas de consumos problemáticos en la ciudad.
Desde el Dispositivo Integral de Atención Territorial (Diat) de Seguí al 5500 Marcela Ritattore explicó que la modalidad empezó en 2014 con la idea de que quienes trabajan en los espacios pasaran a trabajar a los gobiernos provincial y municipal, y después cambió al formato actual de subsidio para las organizaciones sociales. “Gracias a la Aprecod (Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones) pudimos tener un vínculo más cercano con Sedronar, porque antes ni contestaban. Los contratos van a terminar en diciembre y con el cambio de gestión hay mucha incertidumbre de cómo sostener el espacio de atención”, contó a El Ciudadano.
De fondo
Antonio Tesolini integra de la Dirección Terapéutica del Programa Andrés Rosario (PAR). Para él, el conflicto tiene de fondo una política histórica de Sedronar: orientar el modo de tratar a la internación, algo que es solo es considerado de excepción según la ley de Salud Mental de 2010. “Pagan 20 mil pesos una internación (centro de noche de 18 a 8 y que cuesta en realidad unos 40 mil pesos) y solo 7 mil un tratamiento ambulatorio en un centro de día que sale por lo menos, por los costos de la estructura y personal, unos 25 mil pesos más la actualización inflacionaria. Un dispositivo de este tipo tiene al menos 5 personas trabajando y dan atención a decenas de personas”, explicó Tesolini y agregó que pagan la mitad o menos de lo que saldrían las terapias psicológicas si se compara con lo que establece el colegio de profesionales de Santa Fe.
“El Estado debe tener sus propios dispositivos y diseñar en conjunto con las organizaciones políticas de contención. La cogestión es la clave para hacer dispositivos sensibles a las particularidades de cada persona con sus problemas. Es complejo y no se resuelve con una sola receta: internar”, concluyó Tesolini.
