Un grupo de internas de la Unidad Penitenciaria N° 5 de Mujeres de Rosario realizó una protesta a principios de esta semana a través de la cual denunciaron malos tratos y la situación crítica de higiene y seguridad de las celdas. Voceros consultados del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) informaron que los conflictos fueron desarticulados por personal penitenciario, a través del uso excesivo de la fuerza, y analizan realizar una denuncia penal. Asimismo, las internas continúan con sus reclamos por las inexistentes condiciones básicas de salubridad e higiene dentro de la Unidad, ubicada en el complejo carcelario de bulevar 27 de Febrero al 7800, según describen.
Los conflictos se originaron en la tarde-noche del pasado lunes, a partir de que una de las internas solicitara una salida transitoria del penal para asistir al funeral y entierro de su padre. La negativa de parte de las autoridades del penal tuvo una sencilla explicación: no hay combustible para los traslados. Esta faltante fue lo que desató el descontento de las mujeres que habitan el Pabellón 3 donde hubo quema de colchones y quienes fueron reprimidas con balas de goma y gas pimienta por el personal del Servicio Penitenciario provincial, dijeron desde la defensa pública.
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En horas de la tarde de este martes, funcionarios de la defensa pública se presentaron en la cárcel, en el marco del “Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la Provincia de Santa Fe”, para entrevistarse con las internas que participaron del suceso; ellos confirmaron a El Ciudadano que no hubo ninguna persona herida de gravedad.
Aun así, las privadas de su libertad afirmaron que viven en una situación de abandono de persona y de maltrato constante, donde no tienen ni siquiera colchones para dormir, ni acceso al agua para higienizarse o limpieza de las celdas. A esto, se le suma el señalamiento que hacen a la falta de atención médica apropiada; mencionan casos de medicalización de las mujeres que ahí cumplen su pena y denuncian: «Lo único que hacen es ponernos inyectables para dormirnos y no molestarlos», en referencia a los integrantes del personal penitenciario.
Actualmente, la cárcel de mujeres cuenta con un personal de salud compuesto por 7 médicos, 5 enfermeros, una bioquímica, una mecánica dental, una odontóloga, una médica generalista y 2 pediatras para asistir a las 176 mujeres que habitan el penal ubicado en 27 de Febrero 7899.
Problemas estructurales
Los problemas alegados por las mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria Nº 5 son parte de un abanico de situaciones denunciadas numerosas veces tanto por la población carcelaria como también por los organismos oficiales y no gubernamentales de defensa penal y de derechos humanos.
El pasado martes 22 de febrero, la jueza Luciana Prunotto rechazó un habeas corpus colectivo presentado por el SPPDP, en favor de las internas alojadas en la U5 y los niños y niñas que con ellas viven, debido a los problemas de alimentación y salud presentados en las internas y en los menores. Si bien el SPPDP cuestionó el tipo de menú brindado a las habitantes del penal, las autoridades penitenciarias aseveraron que la alimentación era la indicada por una nutricionista.
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Allí, dan cuenta de la falta de móviles de traslado general del Sistema Penitenciario provincial para la movilización de las personas privadas de la libertad en casos como el que desató la furia de las internas del la U5 el lunes pasado.
Hace casi cuatro meses, el SPPDP presentó un recurso de amparo solicitando que se restituya y se amplíe la cantidad de móviles de traslado del Servicio Penitenciario. A esa fecha, según palabras del director de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez, existían sólo 4 vehículos de traslado habilitados, de los cuales sólo uno estaba disponible para las unidades penitenciarias de la zona sur de Santa Fe; son 11 en total los móviles para todo el territorio santafesino.
Dos meses después, los integrantes del Servicio Penitenciario afirmaron a la jueza Prunotto, magistrada también a cargo del amparo referido a los móviles, que no tenían información fehaciente sobre la cantidad de transportes con los cuales se contaba dado que, si bien estaba en pleno proceso de compra de un total de 20 móviles, se registraron 6 móviles habilitados para la zona norte de Santa Fe, y tan sólo 3 móviles al servicio de las necesidades del Servicio Penitenciario en la zona sur de la provincia.
Según los últimos informes del Observatorio de Seguridad Pública santafesina, hay una población total de 8.270 personas privadas de su libertad, de las cuales 1.336 habitan penales de mujeres. Por otro lado, el último registro de violencia institucional de la Defensoría del Pueblo reconoció que entre los años 2015 y 2020 se registraron 3.504 víctimas y 6.426 casos de torturas, malos tratos y demás afectaciones a los derechos humanos en la provincia de Santa Fe –un promedio de 500 casos anuales– y tan sólo el 47% de las víctimas quiso llevar adelante una denuncia formal.
Durante 2020, el registro llevado adelante por el SPPDP relevó 118 denuncias de violencia por parte del Servicio Penitenciario, de las cuales casi 6 de cada 10 no realizarán la denuncia por temor a empeorar su situación de detención.
En este marco, la SPPDP publicó en su informe que se han registrado 125 muertes muertes en contexto de encierro entre 2015 y el 2020, mientras que en este último año 35 personas perdieron la vida mientras estaban privadas de su libertad: 28 en unidades penales, 4 personas encerradas en alcaldías y otras 3 que estaban detenidas en comisarías.
