Este lunes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- hizo una presentación ante el juez Marcelo Bailaque y el Tribunal Federal N°4 donde denunció que Roberto Pellegrini hizo una salida violatoria de las reglas de su prisión preventiva domiciliaria en Villa Constitución.
Pellegrini está procesado por 32 casos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, 8 casos de homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita durante la última dictadura cívico militar.
El «Pocho» Pellegrini, como era conocido, era jefe de División Personal de la empresa Acindar se desempeñó como nexo entre las fuerzas represivas y los máximos directivos de Acindar a partir de marzo de 1975. Ese fue el momento en que se empezaron a realizar detenciones ilegales masivas y asesinatos, que luego recrudecerían partir de la oficialización del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Pellegrini está procesado y a la espera de juicio por la causa Villazo, la primera en la región que juzgaría la complicidad civil con la dictadura militar.
El pasado martes 9 de marzo fue visto caminando solo en la localidad de Villa Constitución. La fotografía de este momento llegó a la querella de APDH que al día siguiente hizo una presentación ante el juzgado. Este lunes Pellegrini se presentó a declarar para dar explicaciones.
Desde mayo de 2019, tiene permiso para caminar diariamente a cinco cuadras a la redonda siempre y cuando esté acompañado por otra persona. Pellegrini admitió haber salido para «despejarse».
Federico Pagliero, integrante de APDH, asistió y manifestó que de acuerdo a lo que expresó el imputado «no existía ninguna causal extraordinaria de gravedad que justifique la salida sin acompañamiento tal como fuera ordenado por el Juzgado Federal N°4». En este marco, solicitó nuevamente que Pellegrini cumpla su prisión preventiva en un establecimiento carcelario al cuidado del Servicio Penitenciario y que hasta que esto se cumpla se le coloque una tobillera electrónica. El último pedido de cárcel común fue en septiembre de 2020 y fue negado por el juez Bailaque.
En marzo de 2019 le fue otorgada la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y en mayo obtuvo el beneficio de salidas diarias para caminatas a 500 metros a la redonda de su domicilio y siempre acompañado por un familiar, médico o persona de confianza.
Desde APDH subrayan el tipo de delitos por los que está procesado: de lesa humanidad, es decir, aquellos que suponen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que como tales no prescriben. En Argentina el terrorismo de Estado se ejerció de forma sistemática, por lo menos, desde marzo de 1976 a diciembre de 1983.
