La diputada nacional Julia Strada denunció un posible proceso de vaciamiento empresarial de Lácteos Verónica en medio de una profunda crisis que afecta a unas 700 personas, quienes aseguran no percibir sus salarios desde diciembre. Según plantea, la situación convive con decisiones empresariales que debilitaron aún más el funcionamiento de la firma.
Vaciamiento con nombre y apellido
Mientras los 700 trabajadores de Lácteos Verónica no cobran desde diciembre, los dueños estaban ocupados en otra cosa.
Las Becerras S.A. es el tambo de la familia Espiñeira, los mismos dueños de Lácteos Verónica, que le proveía gran parte de… pic.twitter.com/GDLxPfbMOE
— Julia Strada (@Juli_Strada) April 1, 2026
Uno de los ejes de la denuncia apunta a Las Becerras SA, un establecimiento agropecuario perteneciente a la familia propietaria de la láctea. De acuerdo con los trabajadores, esta firma dejó de proveer materia prima a Lácteos Verónica y comenzó a comercializar la producción con otras empresas del sector, lo que habría impactado directamente en la operatoria de la planta.
En paralelo, en septiembre de 2025, en plena crisis, se constituyeron tres nuevas sociedades anónimas con un objeto social similar al de la empresa original: Kawsay SA, Agro Prada SA y Grandal Agropecuaria SA. Estas firmas están vinculadas a integrantes de la familia Espiñeira y desarrollan actividades relacionadas con la producción y comercialización agropecuaria.
Por su parte, los trabajadores plantean que la coincidencia en los rubros y la simultaneidad en la creación de estas empresas abren interrogantes sobre un eventual traslado de activos o reconfiguración del negocio por fuera de Lácteos Verónica. En ese sentido, reclaman que se investigue si existió un vaciamiento deliberado.
Además, cuestionan la falta de respuestas por parte de organismos estatales, tanto a nivel provincial como nacional. En particular, apuntan a la necesidad de intervención de las autoridades laborales y judiciales para esclarecer la situación.
Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolución y con un fuerte impacto social. Los empleados reclaman el pago de salarios adeudados y garantías sobre la continuidad laboral, en un contexto de incertidumbre creciente.
