Migrantes sudamericanas que intentan pasar por México a los Estados Unidos denunciaron secuestros extorsivos y violaciones en la frontera.
La agencia de noticias Reuters expuso el caso de Carolina, una venezolana por quien su familia debió pagar 2,000 dólares de rescate pero luego terminó violada por uno de sus captores.
Una activista que trabaja por los inmigrantes que ayudó a Carolina después del secuestro y el abuso sexual que padeció – y que habló con Reuters bajo condición de anonimato por motivos de seguridad-, confirmó todos los detalles del relato de la mujer de 37 años y quien logró llegar a los Estados Unidos en julio.
El ataque se produjo en medio de un aumento de la violencia sexual contra migrantes en las ciudades fronterizas Reynosa y Matamoros, en el estado Tamaulipas, ambas rutas importantes de tránsito para inmigrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos, según datos del gobierno mexicano y grupos humanitarios, así como entrevistas con ocho personas que sufrieron ataque sexuales y más de una docena de trabajadores humanitarios locales.
«La forma inhumana en que los traficantes de personas abusan, extorsionan y perpetran violencia contra los migrantes con fines de lucro es criminal y moralmente reprobable», deploró el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, Luis Miranda, en respuesta a preguntas sobre el aumento de las violaciones denunciadas.
Las investigaciones criminales sobre violaciones de ciudadanos extranjeros, excluidos estadounidenses, fueron las más altas registradas este año en las dos ciudades, según datos estatales de 2014 a 2023 obtenidos por Reuters a través de solicitudes de acceso a la información de transparencia.
El Departamento de Estado estadounidense considera que Tamaulipas es el estado más peligroso a lo largo de la frontera de unos 3,150 kilómetros entre Estados Unidos y México.
Ante un récord de cruces fronterizos ilegales, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, adoptó en mayo un nuevo sistema que exige que los migrantes obtuvieran una cita -a través de una aplicación conocida como CBP One- para presentarse en un cruce fronterizo legal para ingresar a los Estados Unidos.
Nueve expertos, entre ellos abogados, profesionales médicos y trabajadores humanitarios, comentaron a Reuters que el nuevo sistema tuvo consecuencias no deseadas en las dos ciudades, contribuyendo a un aumento de la violencia.
El alto riesgo de secuestro y agresión sexual en Reynosa y Matamoros es uno de los factores que empuja a los migrantes a cruzar ilegalmente, comentaron cuatro defensores.
El número de migrantes atrapados cruzando ilegalmente o presentándose en cruces fronterizos legales aumentó de forma constante y alcanzaría una cifra récord en septiembre tras caer a mediados de mayo, cuando Estados Unidos puso en marcha normas de asilo más estrictas.
Los funcionarios de Biden dicen que la nueva política de la CBP es más humana porque reduce la necesidad de que los migrantes paguen a los traficantes de personas, conocidos como «coyotes», y a los grupos criminales para que los transporten a través de la frontera
ilegalmente.
«La violación es parte del proceso de tortura para conseguir el dinero», dijo Bertha Bermúdez Tapia, socióloga de la Universidad Estatal de Nuevo México que investiga los impactos de la política de Biden sobre los migrantes en Tamaulipas.
Según los analistas de seguridad, tanto el Cartel del Golfo como el Cartel del Noreste están activos en la región y secuestran a inmigrantes para pedir rescate, particularmente aquellos que llegan sin la protección de los coyotes pero Reuters no pudo contactar con los dos grupos.
Las autoridades estadounidenses suspendieron temporalmente las citas de CBP One en junio en otra ciudad fronteriza de Tamaulipas, Nuevo Laredo, debido a «preocupaciones por extorsión y secuestro», reveló el funcionario entrrevistado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que los grupos criminales en Tamaulipas atacan a los autobuses «a menudo llevando pasajeros y exigiendo pagos de rescate».
Una mujer ecuatoriana dijo que mientras estaba cautiva en Reynosa sus secuestradores permitieron repetidamente que un narcotraficante la violara a cambio de que aquellos recibieran un polvo blanco, que ella sospecha era cocaína.
Una noche, ella agarró una pequeña figura del Divino Niño, pasó de puntillas junto a sus captores dormidos y escapó por la ventana. «Todavía tengo pesadillas», confió desde Nueva Jersey en agosto.
Sólo uno de los ocho supervivientes entrevistados por Reuters denunció el ataque a las autoridades: una mujer hondureña que denunció que fue violada dentro de un campamento de inmigrantes en Matamoros a finales de mayo, sin que se arrestara a nadie.
«Las personas migrantes tienen miedo de presentar sus denuncias (…) Pero el hecho de que no haya denuncias no quiere decir que no se está consumando el delito», expresó Olivia Lemus, presidenta de la comisión de derechos humanos de Tamaulipas, según quien los datos oficiales representan una fracción de los casos.
El Instituto Nacional de Migración de México, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron preguntas sobre violencia sexual contra migrantes.
Extracto de un artículo de Laura Gottesdiener, Ted Hesson, Mica Rosenberg y Daina Beth Solomon, de la agencia de noticias Reuters
