Tal como se había anunciado, la presidenta Cristina Fernández encabezó ayer en Casa de Gobierno el acto en el que se presentó el voluminoso informe oficial sobre la historia de la empresa Papel Prensa. Tras resaltar la toma del control de la compañía –única proveedora local del principal insumo para diarios– por parte de los grupos Clarín, La Nación y la desaparecida La Razón al inicio de la última dictadura mediante “amenazas y presiones” y en connivencia con los jerarcas militares que gobernaban entonces el país, la jefa del Estado anunció la presentación de una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue lo que denominó una “apropiación ilegal” de la empresa. Y además, luego de acusar a los actuales socios privados mayoritarios de Papel Prensa de utilizar diferencialmente el precio del papel para sostener su posición hegemónica entre los medios escritos nacionales, adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar “de interés público” la producción de pasta de celulosa y la distribución y comercialización del papel para los periódicos.
La presentación del informe fue por cadena nacional, y ante un masivo auditorio en el que se contaba la mayoría de los ministros del Gabinete, legisladores, cuatro gobernadores, organismos de derechos humanos y hasta algunos empresarios, que se hicieron presentes a “título personal” pese a que fueron invitados por el gobierno con carácter institucional. Por Santa Fe estuvo en Casa de Gobierno el secretario de Comunicación Social de la provincia, Rubén Galassi. También asistieron el ex presidente Néstor Kirchner y el titular de la CGT, Hugo Moyano.
El primero en hablar fue el abogado constitucionalista Alberto González Arzac, representante del Estado en el consejo de vigilancia de Papel Prensa: “Una comisión oficial designada junto a un grupo de colaboradores hemos elaborado el informe «Papel Prensa: La Verdad»”, dijo a modo de presentación. “Este informe será remitido para los trámites judiciales, ya que aquí se encuentran probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal de Papel Prensa por parte de empresas privadas”, continuó el funcionario antes de sostener que los grupos Clarín y La Nación “recurrieron a una variedad de delitos de lesa humanidad contra el Grupo Graiver” (“segundos” dueños de la firma) para apropiarse de la compañía. “Recurrieron a secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, interdicción de bienes y torturas”, detalló Arzac para luego mencionar a las víctimas: “Lidia Papaleo de Graiver, esposa; Juan Graiver, padre; Eva de Graiver, madre; Isidoro, hermano; Lidia de Graiver esposa de Isidoro”.
Luego habló la directora titular del Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri, a quien junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la presidenta le encargó la investigación. Paglieri explicó los “ejes rectores que tipifican el accionar de los directores privados de Papel Prensa”. Y siguió: “El primero es la apropiación de las acciones clase A de la compañía, cuya tenencia era imprescindible para su control. Se recurrió a la amenaza, secuestro, tortura”.
La funcionaria completó que “el segundo eje está referido a las ventajas competitivas que los diarios tuvieron tras quedarse con las acciones. Clarín es el mayor accionista y el mayor cliente de la compañía. Lo que le permitió un acceso a una ventaja comercial”, agregó en alusión al precio diferencial al que se vende el papel –a veces por debajo del costo– a los socios mayoritarios.
Después fue el turno de Cristina. En su discurso detalló los acuerdos que existieron entre la dictadura militar y los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación, Ernestina Herrera de Noble, Ricardo Peralta Ramos y Bartolomé Mitre, respectivamente, con la intervención del actual CEO del principal multimedios del país, Héctor Magnetto, para “apropiarse” de Papel Prensa.
Y en ese sentido, ironizó sobre un editorial conjunta de Clarín y La Nación publicado ayer mismo según el cual el gobierno quiere avanzar sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa. “A confesión de parte relevo de prueba, porque uno infiere entonces que Clarín piensa que controla Papel Prensa y por lo tanto la palabra impresa. Coincido con Clarín, porque quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa ya que es la única empresa que produce en el país pasta de celulosa”, hizo suyo, para dar vuelta, la defensa de los empresarios. Y en ese sentido, calificó al grupo que comanda Magnetto como “empresa monopólica integrada verticalmente que determina a quién le vende y a qué precio”.
Cristina dividió el accionar del acceso a Papel Prensa por parte de las empresas privadas en “tres etapas: la del grupo fundador, que tiene lugar entre los gobiernos de facto de (Juan Carlos) Onganía y (Alejandro Agustín) Lanusse”. “Allí había un diseño que era interesante. Un 26 por ciento era del managment de la empresa; 25 por ciento para el Estado; un 20 para los diarios y otra parte para cotizar en bolsa”, siguió la jefa del Estado. “Luego viene el segundo período: el denominado Grupo Graiver, quien compra las acciones y se consideraba que tenía acciones por 200 millones de dólares”, relató. “Aquí comienza el tercer período, el 24 de marzo de 1976. Se constituye la Junta Militar. En este marco, se produce el apoderamiento de la empresa. Hay datos escalofriantes, cuando uno lo lee siente que está leyendo un thriller”, sostuvo Cristina. “Lidia Graiver presentó el escrito (de cesión de acciones) el 9 de marzo de 1977 en representación de su hija, que no había cumplido dos años”. Y añadió que “el juez jamás autorizó esto y, a los 5 días, la toman detenida 15 años”.
“Durante su detención fue torturada y violada. Por los golpes recibidos fue operada de un tumor cerebral en cautiverio. La misma suerte corrieron sus suegros, (el apoderado de Graiver, Rafael) Ianover y otros miembros del grupo económico. Le habían vendido a la empresa Fapel, compañía de paja o que luego desaparecen. Era de Clarín, La Nación, La Razón y algunos abogados. Fapel transmite todo a los otros grupos en 10 días. Esa firma estuvo en el medio porque había buenos abogados”, dijo.
Tras el acto, Paglieri descartó que las medidas anunciadas por la presidenta (acusación penal y declaración de interés público) sobre la empresa impliquen una estatización de la firma.
