El presidente Javier Milei recibió una denuncia judicial por supuesto «incumplimiento de los deberes de funcionario público», a raíz del veto a la ley de reforma jubilatoria.
La abogada Valeria Carreras efectuó la presentación, que también incluyó al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, ante los tribunales federales de Retiro.
La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
La letrada pidió que se de intervención a la UFI PAMI, unidad fiscal especializada en delitos previsionales.
«Con el veto a la ley de movilidad jubilatoria que significaría un aumento ínfimo, pero un aumento al fin para el sector pasivo, y una formula de actualización mínimamente realista, estamos frente a una conducta que podría tipificarse no solo como el incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con leyes y tratados internacionales, sino también frente a conductas que podrían encajar en un plan sistemático contra los pasivos de nuestra sociedad», argumentó Carreras.
La abogada sostuvo que el veto presidencial debería investigarse «no como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor, que llevan no solo a
incumplir con la garantía de derecho humano básico como derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, sino también como un ataque desde el Estado a los más vulnerables».
En la presentación, Carreras pidió que se la cite a ratificar su denuncia. «No puede permitirse el abuso de poder contra un sector por demás vulnerable como es la enorme cantidad de adultos mayores de la Argentina», subrayó.
En la denuncia también mencionó la decisión de «quita de cobertura al 100% de 44 medicamentos» a los afiliados a la obra social PAMI, «todo ello en perjuicio de al menos más de 5 millones de beneficiarios».
«La denuncia que formulo, tiene basamento, en la gravedad que estas medidas del Poder Ejecutivo, revisten ya no solo por incumplir con los Tratados internacionales, no solo por incumplir con la Constitución Nacional, sino por atentar contra la vida de un sector de la sociedad, el sector más vulnerable, nuestros mayores», agregó la abogada.
