El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció este jueves penalmente al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por presunto «incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles» en relación a los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.
La denuncia penal realizada por el interventor del Enargas, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, incluye también a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del directorio del Enargas; y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.
«Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas», sostuvo el interventor Bernal tras presentar la denuncia.
En un comunicado publicado en el sitio oficial del Ente Regulador, se explica que ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas), y normas reglamentarias y complementarias, «en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras».
En ese contexto, «el Enargas, en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar el acuerdo de ‘las referidas bases y condiciones’, lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018».
Asimismo, el comunicado recuerda que, «en octubre de 2018, al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales».
«Esto derivó en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada», agregó el ente regulador.
Para el Enargas, el perjuicio económico por esa decisión «asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes».
