La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) denunció en la justicia penal a un empleado del organismo que realizó tareas jerárquicas durante el macrismo por «accesos indebidos a los sistemas internos» en referencia a la base de datos donde constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos.
El denunciado ante la justicia federal es Vicente Luis Magnaterra, a quién se acusó de haber «realizado 56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificativo alguno», según sostiene la presentación a la que tuvo acceso Télam, firmada por el titular del organismo, Carlos Daniel Castagneto, con fecha 16 de febrero y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.
En la presentación se remarca también que los funcionarios de la Afip no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada y se considera, por otra parte, que las acciones investigadas también «agravian directamente a la administración pública», debido a que habrían sido realizadas «en el ámbito del organismo con la utilización de sus sistemas informáticos y bienes».
Los datos arrojados indican que las 60.000 consultas realizadas por Magnaterra corresponden al periodo comprendido desde el «01/01/2017 al 24/10/2019, cuando el denunciado, que sigue siendo empleado del organismo, se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la Afip», precisó el organismo.
Una vez realizada la presentación, la Afip se puso a disposición de la justicia y repudió «cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecusión».En tanto el fiscal Ramiro González firmó un escrito en el que impulsó la investigación.
En el año 2020, la ex titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, había realizado una denuncia similar respecto de la supuesta existencia de un grupo de tareas dentro del organismo recaudador que habría perseguido durante la gestión de Mauricio Macri a personalidades o empresas a los que sindicaba como opositores, la que recayó también en el mismo juzgado a cargo de Ercolini y sobre la cual aún no se ha expedido la justicia.
