La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia recibió ayer a los integrantes de la Coordinadora contra el Abuso Policial de la localidad de Reconquista, quienes acudieron ante los legisladores santafesinos para denunciar diversos hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en el departamento General Obligado. “Nos trasladaron las denuncias de torturas, apremios, gatillo fácil por parte de la Policía. Nos explicaron que la situación es sistemática, donde a esa profusión de casos le añadían la imposibilidad de llegar a una condena de los responsables”, indicó el presidente de la comisión, Eduardo Toniolli.
Este grupo de ciudadanos, que ya había acudido ante los diputados santafesinos de la anterior composición de la comisión en 2010, acercaron documentación acerca de los casos de abuso policial y se llevaron por parte de la comisión la promesa de estudiar el tema y acompañarlos en el reclamo.
Toniolli agregó que “la judicialización de los casos termina en un callejón sin salida, con faltas de mérito, absoluciones o dilaciones absurdas que terminan configurando situaciones evidentes de impunidad”.
En este sentido, el diputado del Movimiento Evita se hizo eco de las críticas de la Coordinadora contra el juez Virgilio Palud: “Cada una de las causas que involucra apremios, torturas o gatillo fácil, caen en saco roto cuando caen en el juzgado de Palud”.
“Este grupo de vecinos ha venido a plantearnos la situación de abuso que sufren. Ha dejado una carpeta con información, aparecen los casos de abusos policiales que están denunciados y los que no están denunciados y que han sido tomados del periodismo”, indicó la diputada María Eugenia Bielsa.
“En general los casos se desestiman o tienen un acceso restringido a la defensa porque no hay profesionales que se ocupen del tema, hay un solo fiscal para 200 mil personas y un solo juzgado de instrucción por lo que es difícil de encontrar quien se haga cargo del tema”, agregó la legisladora del bloque Encuentro Santafesino.
Por su parte, la diputada Griselda Tessio admitió a El Ciudadano que la situación “preocuparía a cualquier representante político porque hay cosas que no se pueden considerar en una democracia, están relatando algunas cuestiones que son preocupantes”. En esa línea, agregó que “la ciudadanía tiene que entender que hace 25 años que vivimos en democracia y que algunos relatos son típicos de la dictadura”.
La legisladora del Frente Progresista admitió que “en el interior de la provincia faltan defensores oficiales y fiscales” y en ese sentido agregó: “Esto está ligado al Código Penal anterior, donde no existía la figura del querellante, en donde la víctima hacía la denuncia y quedaba afuera del proceso penal”.
“Estamos tratando de establecer con el nuevo sistema penal que las nuevas formas mejoran el acceso a la Justicia de cualquier ciudadano”, expresó la diputada.
Un caso paradigmático
La denuncia de torturas en una comisaría de la localidad de Florencia fue «un hecho paradigmático» que, según la Coordinadora, propició que más gente se acercase a denunciar casos de abuso policial en el departamento General Obligado.
Según el diputado Eduardo Toniolli, «el caso de Florencia ha involucrado» a agentes de fuerzas de seguridad en sesiones de tortura, les hacen firmar declaraciones bajo la tortura a los detenidos haciéndose cargo de diversos delitos en sede policial, y son aceptadas cuando son remitidas a la Justicia y se los procesa a estos jóvenes».
«Hay una buena cantidad de testimonios de personas que no se conocen entre sí señalando responsabilidad con nombres incluso, que describen las mismas prácticas y a las mismas personas, sin embargo no se ha procesado a nadie», agregó.
