La Defensoría del Pueblo de Santa Fe atendió en lo que va del año 1.567 situaciones de violencia contra las mujeres en toda la provincia, de acuerdo al balance difundido este sábado. Más del 90 por ciento de los hechos se dieron en el ámbito familiar. La dimensión de género está presente también en las presentaciones por violencia laboral: 7 de cada 10 denuncias son de mujeres.
La Defensoría, como organismo de protección y promoción de derechos, trabaja hace décadas con sus Centros de Asistencia a la Víctima (CAV) en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, San José del Rincón, Tostado, Venado Tuerto, Rafaela y Vera. Hace poco agregó oficinas móviles. Los casos denunciados en todos esos ámbitos, desde el primer día de 2018, suman 1.567.
Los casos atendidos en los CAV que la Defensoría informó esta semana no desentonan ni en número no en características con los de los años previos, resaltaron desde el área. Más del 90 por ciento de las situaciones de violencia se dan en el ámbito familiar. “La variable vivienda es un recurso inexistente en el abordaje de la violencia de género y se constituye en una limitante para salir de dicha situación y construir un proyecto de vida sostenible a futuro”, explicaron.
“La variable vivienda es un recurso inexistente en el abordaje de la violencia de género y se constituye en una limitante para salir de dicha situación y construir un proyecto de vida sostenible a futuro”
La Defensoría mantiene reuniones con legisladores provinciales y funcionarios de las subsecretarías de Políticas de Género y Hábitat, más la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, para diseñar una solución habitacional a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Hay en la Cámara de Diputados un proyecto que contempla políticas públicas de vivienda para quienes padecen esta situación.
La violencia laboral: ellas son las más afectadas
“Los datos que tenemos nos convocan a pensar y abordar la violencia laboral con perspectiva de género, porque las estadísticas indican que de cada 10 denuncias 7, son mujeres”, explicaron desde el CAV. Esto se debe –agregaron– a que hay una valoración del trabajo de predominancia masculina y persisten los prejuicios sexistas al evaluar el trabajo ejecutado por mujeres y esto ya implica discriminación. Por lo tanto, promueve situaciones de desigualdad de poder generando un terreno propicio para la violencia laboral.
La Defensoría enfatizó que hay responsabilidades familiares que, en la mayoría de los casos, no son compartidas. Esto se refleja, dijeron, en la escasa o inexistente posibilidad de acceso a formación y ascenso laboral de las mujeres, que asumen las tareas familiares o de cuidados heredadas de una cultura que les asignó ese papel.
Un domingo para pensar y cambiar
Este domingo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en todas sus formas: física, sexual, económica y psicológica.
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras.
El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, estableció como política institucional abordar también la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La agenda establece en su objetivo 5 la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Mientras que el número 17 propicia para alcanzar las metas propuestas el establecimiento de alianzas, al considerarlas esenciales para abordar problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas, laborales tan complejas.
Acceso a la justicia
Reconocer el acceso a la Justicia como un derecho de las mujeres en situación de violencia implica varias acciones que deben ser llevadas en conjunto por distintas instituciones que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres y sus hijos. Por ello, además del asesoramiento jurídico, es indispensable pensar las instituciones que trabajan en la temática desde una perspectiva de género.
El acompañamiento de un profesional del derecho resulta –enfatizan desde la Defensoría– necesario para poder acordar régimen de contacto, alimentos, destino de la vivienda, entre otros. En numerosas oportunidades, agregan, las mujeres se encuentran en una situación de indefensión y vulneración de derechos que las revictimiza al no poder concretar un acceso a la Justicia con carácter efectivo.
De los casos abordados por la dependencia, más del 90 por ciento requirieron un abordaje integral de la cuestión judicial con perspectiva de género. Por eso, los profesionales de la Defensoría, aun sin contar con legitimación procesal, realizan escritos tendientes a recurrir acuerdos que son vulneratorios de los derechos de las víctimas, se solicita la no realización de audiencias conjuntas, se elaboran informes para que se otorgue el cuidado personal unilateral, regímenes comunicacionales supervisados, entre otros.
Por la ESI
La dependencia que comanda Raúl Lamberto insistió en su respaldo a la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta para ayudar a reducir los hechos violentos y mejorar la convivencia. Renovó el apoyo a la sanción del proyecto de ley provincial al respecto y recordó que hace un año comenzó un trabajo junto a la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Multisectorial de Mujeres de Rosario y Santa Fe. Los ejes son tres: la ESI, el patrocinio legal para las mujeres víctimas de violencia y el acceso a vivienda.
