Por Revista Cítrica
Tamara Tello Borisovsky tiene 36 años, trabajó durante 10 años en First Data Cono Sur (ahora FISERV), empresa multinacional administradora de los productos Mastercard, Visa, Posnet y Pegaso. En 2016 denunció en Recursos Humanos que un gerente la acosaba sexualmente por whatsapp, mail y frente a sus compañerxs, pero la empresa nunca apartó al abusador del mismo piso donde trabajaban. Si se ponía botas de lluvia rojas, la trataba de “bomberita” y le enviaba mails con imágenes alusivas de mujeres vestidas de bomberas hot. Si llevaba una blusa con la espalda escotada, le sugería que necesitaba “un espaldarazo”. Si le quería anunciar que recibiría un aumento, la citaba en un archivo sin ventanas lejos de las demás personas y no en su oficina (vidriada) como correspondía. Si ella estaba juntando plata para hacerle un regalo a una compañera que cumplía años, el gerente le dejaba plata en el escritorio diciéndole: “Por lo bien que la pasamos anoche”. Y así. Pero eso no es todo. Mientras el gerente la acosaba, su jefa directa hacía chistes al respecto y la exponía frente al acosador y sus demás compañerxs.
A los dos meses de denunciarlo, y frente a la inacción de la empresa, Tamara se pidió licencia psiquiátrica: estaba angustiada, con ataques de pánico y aterrorizada por el hostigamiento institucional y las represalias. Cuando quiso regresar con el alta psiquiátrica, la empresa se lo impidió. Y sostuvo al gerente en su puesto.
Pero la historia no termina ahí. Tamara inició un juicio laboral que en primera instancia ordenó su reinstalación, aunque sin reconocer el acoso sexual. Ambas partes apelaron, pero la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló en contra de Tamara: revocó la reinstalación y la revictimizó al considerar que consintió la “conducta inadecuada” del gerente por demorar en exigirle que terminara con su actitud. Su abogado presentó un recurso extraordinario y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) se presentó como Amicus pidiendo a los jueces de la Sala X concedieran el recurso y mandaran el expediente a la Corte por su gravedad institucional. Pero no sucedió. La Justicia machista volvió a violentarla. Será la Corte Suprema la que deberá expedirse ahora.
“La sentencia no solo avanza en contra de mis derechos fundamentales, porque soy yo la que me quedé sin trabajo mientras él sigue en la empresa como si nada, sino que no hay perspectiva de género en absoluto”, relata Tamara. Y agrega: “Mezclaron los hechos, no nombran el acoso sexual como si no existiera, solo hacen referencia a una ‘conducta inadecuada’ por parte de este hombre, que además está en un lugar de jerarquía, con el que hacía uso y abuso de poder sobre mí”.
Su abogado, Guillermo Pérez Crespo, recalca lo infundado de los argumentos jurídicos, pero también sus contenidos profundamente patriarcales y misóginos. “Para los jueces que dictan sentencia, tanto en primera instancia como en segunda instancia, lo que sufrió Tamara no es acoso sexual, con una falta de perspectiva y conciencia de género absoluta. Cuando apelamos a la Cámara, la sentencia es aún peor, con una confusión muy fuerte respecto de la definición de acoso sexual y acoso laboral, y hasta dice que ella consintió los hechos por no poner freno a tiempo y que de eso se deduce que ellos mantenían una relación fuera del ámbito laboral. Un disparate”. Y señala que, tras el fallo, la misma AAL intervino para solicitar que se concediera el recurso por la «gravedad institucional» que representaba el caso. Ni así contestaron.
Impunidad y revictimización
Todo comenzó en 2015, cuando ingresó el nuevo gerente a la empresa, que en un principio era su jefe directo. Por entonces Tamara percibía como chistes y halagos algunos de sus comentarios, a los que ella respondía con amabilidad. Poco después lo trasladaron a otra área, pero seguían trabajando en el mismo piso. Su acoso se fue incrementando y Tamara empezó a percibir cierta incomodidad. “En julio de 2016, por ejemplo, yo me había operado de la vista; él venía, me hacía comentarios misóginos, y como yo no le respondía me decía cosas como ‘ahora que me ves te das cuenta que estoy feo’; o me molestaba con lo de ‘bomberita’, me mandaba mails con imágenes misóginas que yo no respondía; y me hacía pasar situaciones incómodas delante de compañerxs o de los responsables de las auditorías que venían de Estados Unidos”, cuenta Tamara.
En diciembre de ese año la situación ya era insostenible. Fue cuando el gerente le dejó 100 pesos en su escritorio y, delante de sus compañerxs y su jefa que lo celebraba, le dijo: “Por lo bien que la pasamos anoche”. Estalló. Lo increpó. A los pocos días se tomó la licencia y no pudo regresar más.
Unos meses antes, una compañera la alentó para llevar el caso a sus delegados gremiales. Con el acompañamiento de ellos fue que hicieron la denuncia ante Recursos Humanos. Pero la empresa, que si bien respondió que iban a ocuparse del tema, lo único que hizo fue suspenderlo por dos días y luego mantener al acosador cerca de ella. “Me la pasaba llorando, me sentía incómoda y no me animaba a decir nada al principio. Cuando caí en la cuenta supe que el nivel de acoso y hostigamiento eran tremendos”.
Tras la denuncia, un día Tamara tuvo que quedarse trabajando hasta la noche terminando unas cuentas para presentar ante los auditores. Sus jefes la dejaron sola nada más y nada menos que junto al acosador. “Yo estaba haciendo números, me tocaba facturar hasta 90 millones de pesos por mes. Era una responsabilidad enorme, de mucho estrés y me dejaron trabajando sola hasta las 22 con este tipo que también estaba cerrando su parte contable. La empresa nunca me resguardó”, agrega Tamara.
Ante la inacción de la empresa, uno de los delegados gremiales, Juan Cruz Canel, envió una carta denunciando la situación a sus superiores de Estados Unidos a través del mail institucional de la empresa. La respuesta fue iniciarle un juicio de desafuero por no cumplir con el “código de conducta” acerca del uso de ese mail institucional. “Es insólito. Yo presenté los mails del gerente acosándome, que lo hacía a través de ese mail institucional, y dicen que por eso lo suspendieron solo dos días, pero sigue ahí con total impunidad. Al delegado lo quieren echar por denunciar la situación. La vara sobre el ‘código de conducta’ es completamente arbitraria”, señala la joven.
Tras varias idas y vueltas en la Justicia patriarcal, Tamara decidió hacer pública su denuncia y situación. “Cuento mi historia porque sé que no es el único caso de acoso en la empresa por parte de personal jerárquico que se sabe impune, que son varias las compañeras que han pasado por mi situación. Quiero que la gente sepa lo que pasa en FISERV para que terminen de una vez por todas los casos de acoso dentro de la empresa”.
