“La ley condena con constancia y ansia a quien roba una gallina de una estancia. Pero se vuelve floja, flaca y fina con quien roba la estancia y la gallina”. La cita es parte de las consideraciones preliminares de una denuncia penal que radicó un opulento empresario local en la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos en la que acusa a una jueza de Familia de Rosario, junto a su ex mujer y a su buffet de abogados, por estafa. La presentación es un capítulo más en torno de los dividendos de un controvertido divorcio signado por un cuantioso patrimonio de bienes inmuebles.
Los abogados penalistas Carlos Varela y Adrián Martínez, en patrocinio de Pascual Lanzilotta, un adinerado empresario de la ciudad apoderado de la agencia de lotería Los Dos Chinos, presentaron esta semana una denuncia por estafa en el Ministerio Público de la Acusación, según dijeron los letrados a este diario.
En la presentación señalaron a siete personas (la ex mujer de Lanzilotta, una magistrada del fuero de Familia y cinco abogados) por los delitos de “desbaratamiento de derechos acordados y administración fraudulenta; desbaratamiento de empresa; prevaricato; abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según esa denuncia, la maniobra fraudulenta tuvo como objetivo “despojar o menospreciar” al empresario de los derechos emergentes del convenio de separación de bienes, que determinaba la liquidación de la sociedad conyugal en tres empresas de Sociedad Anónima: Palan, Los Dos Chinos y Desin.
La misma se habría cometido con una orden judicial –notable por igualar los derechos de género– que permitía a quien fuera su esposa ejercer el cargo de directora interventora de las sociedades y, de esa forma, tener un control efectivo de los bienes que pertenecieran al patrimonio conyugal, los que se encontraban bajo exclusiva órbita de su ex cónyuge. No obstante, y siempre según la denuncia mencionada, la mujer habría entregado la posesión de inmuebles rurales (más de 170 hectáreas por tres campos patrimonio de Palan SA) a sus ex abogados en concepto de honorarios profesionales derivados de su labor en favor de ella.
“En fecha 23 de mayo de 2016 se celebró una audiencia de la que Palan SA no participó ni consintió ninguna transferencia ni pago de honorarios respecto de los ex abogados de la señora. Es que resulta claro que la nombrada decidió de manera unilateral cancelar deudas suyas con patrimonio ajeno, en clara connivencia con los demás denunciados en perjuicio concreto de Palan SA y, asimismo, de mi persona”, reza la denuncia de Lanzilotta.
El empresario agregó que “los profesionales denunciados, en pos del cobro de una presunta acreencia, no han trepidado en lesionar y agravar la situación patrimonial de la empresa que represento, haciéndolo con la complicidad de la jueza interviniente”. En ese sentido resaltó que la “ausencia de consentimiento” de la empresa por medio de un “atajo ilegal y escrituración judicial” se hizo posible en “clara connivencia con la magistrada”.
En diálogo con El Ciudadano, el abogado Carlos Varela se refirió a la causa como un plan criminal de alta complejidad cuya maniobra fue orquestada para transferir inmuebles de forma ilegal. En ese sentido, el letrado dijo que espera “que la Justicia criminal, a través del Ministerio Público de la Acusación, investigue profundamente este tema, porque estamos convencidos que hay una connivencia entre las personas denunciadas en perjuicio de nuestro representado”.
