En medio de un imponente operativo de seguridad, efectivos de la Policía Federal y de la Dirección Nacional de Migraciones, llevaron a cabo durante esta madrugada la expulsión del país de Marco «Marcos» Estrada González, capo narco de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
Si bien su deportación había sido dispuesta el mes pasado, la fecha exacta en que sería realizada fue mantenida en secreto, puesto que -según los investigadores- «Marcos cosecha lealtades y enemigos por igual»; evaluándose de este modo la hipótesis de riesgo que abarcaban desde intentos de fuga hasta atentados en su contra.
Bajo un clima de estricto hermetismo, policías de la División Asuntos Migratorios de la PFA, llevaron a cabo la expulsión de territorio nacional de quién durante años, dominara a sangre y fuego el narcotráfico en la Villa 1-11-14.
En la noche del martes, un convoy de ocho móviles con efectivos federales (entre los que se hallaban detectives de la División Asuntos Migratorios e integrantes del grupo especial GEOF) se hicieron presentes en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, con la misión de retirar a «Marcos» y trasladarlo hasta el Aeropuerto de Ezeiza.
Sin embargo, instantes antes de la partida y con el objeto de evitar posibles filtraciones, los federales realizaron un cambio de último momento. Aterrizaron un helicóptero en el Penal y subieron a Estrada González al mismo, custodiado por oficiales de brigada y efectivos del grupo GEOF.
Así, el capo narco fue trasladado en cuestión de minutos hasta el aeropuerto de Ezeiza, donde finalmente -también bajo custodia federal en vuelo- fue expulsado rumbo a la República del Perú.
En 2014, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió cancelarle la «radicación permanente» de la que gozaba, «declarando irregular su permanencia en el territorio nacional», ordenando su expulsión del país y prohibiendo su reingreso «con carácter permanente».
De este modo, aunque la expulsión no podía ser efectivizada (ya que se encontraba afectado aún a procesos judiciales vigentes) su suerte estaba echada. Con el tiempo, «Marcos» recibiría de parte del Tribunal Oral número 3, la pena unificada de 24 años de prisión por los delitos de «Narcotráfico y acopio de armas de guerra».
Al cumplir la mitad de los años de esa pena en mayo pasado, de acuerdo a lo estipulado por ley, se reactivó aquella disposición de 2014. Según surge de diversas investigaciones llevadas a cabo por la PROCUNAR a cargo de Diego Iglesias, la cárcel no era impedimento para que este jefe narco siguiera comandando su organización a través de directivas que daba a las visitas que recibía en el penal.
