Las amenazas y el hostigamiento a través de Whatsapp a cientos de referentes de organismos de Derechos Humanos, dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles recrudeció en las últimos días, por lo que el fiscal Gustavo Ponce Asahad decidió adelantar la audiencia que estaba prevista para el martes y recibió este sábado a los afectados para ampliar las denuncias y aportar nuevos elementos.
“Son amenazas importantes, graves, en algunos casos son amenazas de muerte. Por ello consideramos desde el Ministerio Público que esto reviste de gravedad institucional”, explicó a El Ciudadano Ponce Asahad, que también confirmó que entre los amenazados se encuentra el fiscal federal Adolfo Villate y el secretario de uno de los juzgados federales que tiene a su cargo causas por delitos de lesa humanidad.
A través de teléfonos celulares que van cambiando, crean grupos de Whatsapp (que superan los 200 contactos) con los números de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas, referentes estudiantiles para hostigarlos y amedrentarlos. Los grupos tienen nombres como “muerte a Milagro Sala”, “El Tucu vive (por el represor Eduardo Costanzo que recientemente violó su prisión domiciliaria” y en los últimos días se agregó “Zitelli vive” por el sacerdote que murió el viernes y que debía enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzan amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
No se trata de un hecho aislado, las amenazas de sectores pro dictadura comienzan a multiplicarse y hacerse visibles, como ocurrió en la audiencia de la causa Larrabure, donde un grupo de personas se hizo presente en los Tribunales Federales para salir en defensa de los represores e insultó e intimidó a los presentes.
Todo avalado en un contexto nacional donde la política de Derechos Humanos ya no representa una prioridad para el gobierno desde que Cambiemos llegó al poder. Incluso impulsan discursos peligrosos como la Doctrina Chocobar, que envalentona y da vía libre para que los violentos y los nostálgicos de la dictadura se sientan libres de hacer cualquier cosa.
“Creíamos que estas situaciones ya habían sido superadas en la historia argentina pero evidentemente vuelven a la carga y al ataque, a las amenazas, al amedrentamiento, no solamente desde lo escrito, sino también con la publicación de fotos de la vida familiar de cada uno de estos dirigentes. Hay una cuestión de mucho seguimiento, de una inteligencia determinada. Pero nos preocupa sobremanera que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país después de que la República se haya erigido como abanderada en materia de Derechos Humanos y sea reconocida por ello internacionalmente”, expresó el fiscal Ponce Asahad.
“Quizás la dicotomía en los discursos de quienes tienen grandes responsabilidades gubernamentales, como así también la banalidad con la que desde distintos medios se toca el tema de los Derechos Humanos, sumado también a una mano de obra que cada vez es mayor, influyan en que estos episodios se estén reiterando”, agregó.
“No son improvisados”
La abogada de Hijos Rosario, Nadia Schujman, que patrocina la presentación judicial, expresó: “Pensábamos que el conocimiento de la denuncia los iba a hacer cesar en el hostigamiento pero lejos de eso el viernes volvió a recrudecer, a aparecer una cantidad de grupos con mensajes intimidatorios, con fotos de algunos de nosotros con nuestros hijos, con mensajes amenazantes, con pornografía, todo muy mezclado. Cada vez tenemos noticias de más compañeros y compañeras, militantes gremiales, antropólogos, dirigentes estudiantiles, un arco muy amplio en el cual no cesan las amenazas y el acoso”.
“No son ningunos improvisados porque justamente aún teniendo claro conocimiento de que hicimos la denuncia y se está investigando, siguen adelante. Se sienten impunes. Eso me da la pauta de que tienen cierto refinamiento en su accionar que les permite pensar en un respaldo”, indicó en diálogo con El Ciudadano.
“Entendemos que se da en este contexto político y no en otro, nunca nos había pasado una cosa así. Claramente hay un marco habilitante para esto desde el presidente (Mauricio Macri) para abajo. Además hay un hecho objetivo, quienes somos amenazados conformamos un sector muy amplio, pero en ese grupo no hay funcionarios ni militantes del PRO. Somos todos opositores, con diferentes identidades políticas, con diferentes ideologías pero que rechazamos este modelo, entre otras cosas por el desprecio hacia los Derechos Humanos y por la represión”, expresó.
“También, y esto hay que decirlo porque en campaña se dijeron muy democráticos, el Estado de Derecho es algo que no tienen en cuenta para nada, muestran un desprecio por las instituciones absoluto, por el Congreso, sacando todo por decreto, el Poder Judicial presionándolo de todas las maneras posibles, con presos políticos con policías que asesinan gente y el presidente los recibe y felicita”, concluyó Schujman.
