La Inspección General de Justicia (IGJ) derogó este viernes una norma dictada durante el gobierno de Cambiemos referida al régimen para empresas constituidas en el extranjero. La resolución dada de baja redujo a un trámite administrativo el control de esas construcciones comerciales generalmente destinadas a evadir impuestos en el mejor de los casos, y a manejar dinero de actividades ilícitas en otros. Uno de los ejemplos es el que constituyó la compañía multirubro con asiento en Santa Fe Vicentin, en la agenda mediática por los irregulares créditos por montos millonarios que le otorgó el Banco Nación durante la gestión del presidente Mauricio Macri, dinero que la firma nunca devolvió mientras giraba utilidades a filiales más allá de las fronteras.
La resolución general 2/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial deroga en todos sus aspectos la resolución 6/2018 en vigencia desde agosto de 2018 que, según el texto de la IGJ, tenía «la virtualidad de neutralizar un régimen reglamentario dirigido a la efectiva vigencia y aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público» contenidas en la ley general de Sociedades.
La resolución general 2/2020 de la IGJ restablece además «todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos” hace casi dos años. Se trata de pautas sobre registración, recaudos de inscripción registral, actos registrables de empresas locales participadas por sociedades del exterior, actuación del representante legal a cargo de la sucursal permanente, régimen informativo, parámetros para apreciar la actividad de la sociedad en el exterior y cancelación de la inscripción originaria.
La IGJ advirtió que «las sociedades off shore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes».
El texto agrega ejemplos recientes, como “las triangulaciones negociales que se habrían producido con sociedades off shore en la operatoria del Grupo Vicentín, según los acontecimientos parecerían ir indicándolo, o la revelación de que el tristemente notorio boliche Le Brique (en Villa Gessell, frente al que asesinaron a Fernando Báez Sosa) resulta ser también de una sociedad off shore cuyos integrantes son desconocidos». La IGJ insiste en que estos diseños societarios «no se deben banalizar, sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales».
Los justificativos de la decisión incluyen la denuncia de que tras la reforma dispuesta por la gestión Cambiemos «numerosas sociedades off shore se habrían inscripto en el Registro Público a cargo de esta IGJ». El organismo avisa que si se comprueban ilícitos, se «habilitará la adopción de las medidas pertinentes».
Offshore fuera de registro para Cambiemos
La nueva resolución esgrime que durante la presidencia de Macri se suprimió «todo tratamiento por la IGJ de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero que llegaran a su conocimiento, como supuestamente realizados en calidad de actos aislados». Y añade que también se había eliminado el apartado que contenía «las definiciones de sociedades off shore y de jurisdicciones off shore».
La Inspección General de Justicia estableció que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero «deberán constituir y mantener vigente una garantía» para cubrir sus responsabilidades.
Según la IGJ, las modificaciones introducidas durante la anterior gestión «entrañan suplantar ese régimen por otro primordialmente asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial».
«No es necesario –añade el organismo en la resolución– un análisis detallado de las modificaciones, sustituciones y derogaciones producidas para tener por evidenciado que la resolución 6 (de 2018) carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder».
La norma derogada, además, tornó «inoperante al régimen de extranjería”, y afectó “inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina», completa el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial.
Vicentin aprovechó
La corporación Vicentin, nacida en la década de 1920 en el norte santafesino casi como un almacén de ramos generales y luego dedicada al cultivo y comercialización de algodón, fue diversificando sus negocios hasta transformarse en un emporio. Un escalón alto de su crecimiento operó durante la gestión Cambiemos, al cabo de la cual se transformó en la que más facturó por exportaciones de derivados de soja.
La firma, uno de cuyos directivos, Alberto Padoán, llegó a presidir la Bolsa de Comercio de Rosario, está siendo investigada por acreedores extranjeros que sospechan una maniobra de evasión impositiva o lavado de activos a través de paraísos fiscales.
La empresa cerealera se presentó en convocatoria de acreedores en un juzgado santafesino tras anunciar que no podía pagar sus obligaciones comerciales y crediticias porque sufría un «estrés financiero».
“Claramente estamos ante un esquema de evasión o lavado. Nuestros clientes son acreedores extranjeros de Vicentin Argentina y nos han encomendado una investigación para determinar la factibilidad de iniciar acciones judiciales contra esta sociedad o el grupo económico en el exterior, sabiendo de antemano que en la Argentina todo reclamo será prácticamente inviable,” explicó al diario Página 12 el abogado Mariano Moyano –Moyano y Asociados–, con oficinas en Buenos Aires, Asunción y Miami.
El letrado explicó que Vicentin es una sociedad dentro de un grupo económico que integran Molinos Agro SA, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA, Molinos Overseas Commodities SA, Vicentin SA Sucursal Uruguay, Vicentin Paraguay SA y Renova SA, además de los campos, viñedos y demás sociedades vinculadas.
En el caso de Renova SA, que posee plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja más puerto propio en Timbúes, los accionistas son Vicentin Paraguay y Oleaginosa Moreno Hermanos, siendo esta última propiedad de la multinacional con de origen suizo Glencore Grain Hamilton Ltd., una offshore con sede en Bermudas.
A principios de diciembre 2019, Vicentín informó que entró en un proceso de reestructuración de pagos por estrés financiero, al entrar en cesación de pagos con una deuda bancaria y comercial total de poco más de 1300 millones de dólares. De esa deuda bancaria, 18.000 millones corresponden al crédito otorgado por el Banco Nación bajo la conducción de Javier González Fraga, préstamo que violaría la normativa bancaria ya que supera el límite máximo de 20 por ciento del patrimonio disponible de la entidad.
