El Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe revisará junto a organismos de derechos humanos sus padrones y expulsará de sus filas a todos los afiliados implicados en causas por crímenes de lesa humanidad.
“Nos planteamos desafiliarlos, tengan o no condenas firmes, y también abrir el debate sobre quienes tuvieron responsabilidades civiles” en la última dictadura, indicó el titular del PJ santafesino e intendente de Venado Tuerto, José Freyre.
“Creemos que corresponde una condena política y social y que no pueden estar afiliados al partido”, añadió.
“Así como hemos asumido con el objetivo de abrir el debate para una recuperación de nuestra ideología en el ámbito partidario, con nuestras diferencias internas incluidas, por supuesto; creemos en la necesidad de construir esa identidad”, indicó Freyre.
Entre las afiliaciones que deben revisarse, figura la del ex comisario Roberto Martínez Dorr, recientemente condenado a diez años y seis meses de prisión por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos. La iniciativa incluye también el caso de Horacio Américo Barcos, ex personal de Inteligencia del Ejército, muerto la semana pasada en prisión, también condenado por crímenes de lesa humanidad.
En cuanto a quienes tuvieron responsabilidades civiles, el dirigente más conocido es Juan Carlos Mercier, ex ministro de Hacienda provincial durante la dictadura y también durante los dos gobiernos de Carlos Reutemann.
Otro caso es el del ya expulsado del PJ Mario Facino, ex jefe comunal de San José del Rincón, también condenado por crímenes de lesa humanidad.
A su vez, el titular de la departamental Rosario del PJ y miembro de la agrupación Hijos, Eduardo Toniolli, indicó que la iniciativa fue bien recibida por los organismos de derechos humanos y las agrupaciones de ex detenidos.
“Es una deuda pendiente del peronismo, una fuerza donde hubo miles de desaparecidos debe acompañar y ponerse a la cabeza de este reclamo que vienen haciendo los organismos”, afirmó Toniolli cuyo padre fue una de las víctimas de la dictadura.
Toniolli aseguró que de todos modos no es una condena que la conducción partidaria va a aplicar sin antes poner en marcha el mecanismo del Tribunal de Disciplina del PJ.
Por su parte, el intendente de Venado Tuerto, flamante autoridad provincial, agregó: “El partido tiene que aportar y llevar el observatorio de derechos humanos a todos aquellos lugares que aún no lo tienen, y esa agenda de derechos humanos no tiene que ver sólo con el pasado sino con mirar a nuestro presente y nuestro futuro”.
Respecto del cambio cultural que todos estos debates implican, Freyre sostuvo que se desarrollan “no sin dificultades” y resaltó: “En nuestro país está pasando que los temas se debaten, a veces con más o menos racionalidad, pero lo bueno es que se debaten”.
El titular del PJ santafesino indicó que la decisión no ha encontrado resistencias hacia el interior del partido y consideró que esto “tiene que ver con el contexto generado a partir de la recuperación de la Justicia que inició el gobierno nacional desde 2003”.
