Recientemente hubo un nuevo encuentro de organizaciones sociales, organismos públicos y universidades, en el marco de la III Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria organizada por la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (Ruess).
En ese marco se presentó el documento La Economía Popular, Social y Solidaria en la emergencia. Acceso a políticas, necesidades persistentes y demandas de nuevas intervenciones estatales en el Gran Rosario, desarrollado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular, Social y Solidaria (OPPEPSS) y financiado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con el aval de la Secretaría de Ciencia y tecnología de la provincia de Santa Fe.
En este marco, un amplio y calificado panel expuso sus puntos de vista sobre la problemática la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS). Tras la apertura a cargo de Gustavo Marini, decano de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde funciona el OPPEPSS, tomaron la palabra Nahum Mirad, presidente Interino del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima y el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, ambos del gobierno provincial; Cristian Horton presidente de Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra) y Gastón St. Jean, de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
En esencia el debate giró en torno a las distintas miradas y estrategias en relación a la EPSS, pero también sobre el modo en que impactaron las políticas públicas en el marco de la pandemia del covid-19, tanto a escala municipal, provincial y nacional dirigidas al sector.
El estudio del OPPEPSS analizó 51 medidas del gobierno nacional, 16 de la provincia de Santa Fe y nueve llevadas adelante por la municipalidad de Rosario, que tienen impacto en el Gran Rosario. Para su análisis se realizaron 18 entrevistas a distintas organizaciones de la EPSS donde se rastreó el impacto de las mencionadas políticas desarrolladas por los distintos niveles estatales.
A modo de síntesis se planteó la necesidad de avanzar en “la federalización de las políticas públicas” y fundamentalmente en el “desarrollo en el territorio”. En este sentido, se puntualizó que las políticas públicas “deben, desde su génesis, entender al territorio como un punto de partida para la elaboración de medidas, porque existen allí vitales experiencias de trabajo solidario”.
También se señalo la necesidad de “perfeccionar” la relación del Estado con las organizaciones EPSS para optimizar la aplicación de las políticas públicas.
“Es necesario la construcción de abajo hacia arriba, es vital construir densidad local”, señaló en sintonía Mirad, y explicó que el plan de trabajo del Inaes es generar “espacios de encuentros”.
“La consigna es poner al Inaes en la calle, para esto definimos la construcción de tres áreas: las mesas locales de asociativismo, las comisiones técnicas y la constitución de un consejo consultivo; todo esto coordinado por el directorio del Inaes”, agregó Mirad.
Por su parte Horton, tras valorar la labor del observatorio, planteó “la imperiosa necesidad de que el Estado recupere su rol protagónico en la economía social”.
Y agregó: “Somos socios estratégicos del Estado en todos sus planos y para ser más eficientes debemos avanzar en la integración el mundo de la economía social, debemos evitar la dispersión y la fragmentación”.
Aprender de los procesos que se desarrollan en cada territorio, para considerarlos en el diseño de las intervenciones del Estado
A partir del intercambio de miradas se propuso seguir fortaleciendo las capacidades locales para generar y sostener espacios asociativos y de articulación entre el Estado, las organizaciones y los equipos universitarios; explorar nuevos marcos normativos y regulatorios para la EPSS, y construir mecanismos que permitan reconocer y aprender de los procesos que se desarrollan en cada territorio, para ser considerados en el diseño de las intervenciones del Estado y los equipos técnicos.
Finalmente se valoró el diálogo plural en conjunto como un instrumento indispensable “para la visibilización de las complejas situaciones que atraviesa nuestro pueblo”, y también “para generar conocimiento genuino y válido”, lo cual debe expresarse en la “elaboración de políticas públicas”.
El rol de la universidad pública no quedó afuera del debate. Todos los participantes destacaron su práctica, que la convierte en un factor indispensable para una sociedad más justa y democrática. Sobre todo de cara a la imperiosa reconstrucción socioeconómica.
