Veintitrés familias desalojadas que ocupan desde el fin de semana pasada una calle en el barrio porteño de Monserrat permanecían anoche en el lugar con sus carpas a la espera de poder cobrar el subsidio de 7.200 pesos asignado por el gobierno de la ciudad para que se procuren alojamiento transitorio mientras tramitan una solución habitacional definitiva.
Según indicaron las familias, que están en la calle México al 1200, el dinero que acordaron con el gobierno porteño no pudo ser percibido por la totalidad de las mismas, debido a que cuatro de ellas tienen problemas de documentación.
Las familias señalaron que el gobierno porteño les emitió un cheque para cobrar en el Banco de la Ciudad, y ellas reclamaban el dinero en efectivo.
Diecinueve de las 23 familias que ocupan la cuadra no tenían inconvenientes, para ir a cobrar los cheques, pero cuatro de ellas presentan irregularidades en su documentación que les impedirían hacerlo.
Por tal motivo, y como la intención de los acampantes era cobrar todos juntos el dinero en el banco, ante el cierre del horario de atención al público de la entidad crediticia decidieron continuar hasta hoy con la protesta.
Gustavo Horquera, uno de los delegados de las 23 familias dijo anoche que los afectados tendrán el 2 de mayo una audiencia con integrantes de la Comisión de la Vivienda porteña y que les plantearán “lo de la cooperativa” para que les asignen un terreno donde levantar viviendas.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal, informó que las 23 familias recibirán un subsidio en efectivo luego de presentar un proyecto para la construcción de viviendas en el terreno que se les provea.
Vidal señaló que el subsidio no significa “pagar por pagar” a los ocupantes de la calle, sino que se plasmó “en la medida que presentan una alternativa para una solución definitiva” a su problema de vivienda.
El barrio de Monserrat se vio convulsionado a partir del desalojo de las 23 familias del inmueble que ocupaban.
Jorge, un vecino del lugar, dijo que el lugar fue adquirido en subasta judicial por un comprador que hizo sacar a todos los que estaban viviendo en él.
