Los vecinos que resisten una medida de desalojo pedida por la empresa Belgrano Cargas en el barrio San Francisquito deberán esperar hasta el 19 de este mes para conocer si deben o no dejar sus hogares. Según explicaron fuentes judiciales, ese miércoles se reunirá la mesa de diálogo que no pudo sesionar la semana pasada porque faltaron representantes del Estado y demás instituciones comprometidas con el caso.
Desde la empresa, su representante legal, Fernando Mesulán, advirtió: “Estamos buscando una vía alternativa menos urticante que el desalojo pero es difícil si no nos traen una propuesta”.
La semana pasada estaba programada la reunión en los Tribunales provinciales para buscar una solución a las veinte familias que ocupan terrenos en Virasoro y San Nicolás al costado de las vías del tren dentro del terreno de la traza. Allí debían confluir desde legisladores locales y provinciales hasta funcionarios de la Secretaría de Hábitat de Santa Fe y representantes del municipio.
El caso de San Francisquito, donde estas familias ocupan espacios contra las vías del Belgrano Cargas –que en este tramo no tiene frecuencia regular sino que corre cuando se le requieren fletes–, llegó en 2008 a la Justicia, que este año ordenó el desalojo. Pero la medida lleva dos suspensiones en lo que va del 2014 para dar espacio a una negociación que brinde una solución habitacional para los involucrados.
Entre los intentos por frenar la acción la Cámara de Diputados santafesina aprobó un proyecto para crear la mesa de diálogo. También intercedieron la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Defensoría del Niño, Niña y Adolescencia de Santa Fe, en este caso ,teniendo en cuenta que gran parte de las familias tienen menores de edad.
Según adelantó a El Ciudadano el diputado provincial del PPS Oscar Urruty, en la Legislatura consideran que las familias de San Francisquito deben ser incluidas en el programa Mi Tierra, Mi Casa del gobierno santafesino.
Se prolonga la espera
“Estamos muy preocupados por nuestro futuro. No entendemos por qué el gobierno no apareció en Tribunales. Esperaremos hasta el 19 para tener una alternativa”, señaló ayer Concepción Tito, una de las vecinas que resiste el desalojo en San Francisquito.
Ella es una de las noventa personas, entre ellas varios menores de edad, que hace siete años se asentaron en el lugar cuando el ramal estaba inactivo y levantaron casas de material con conexión de luz y agua segura, entre otros servicios.
